Radio América. El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, este jueves lamentó que el Ministerio Público (MP), siga trabajando como «paso de tortuga panzona, más lento de lo normal», pese a las denuncias sobre la mala utilización de los Fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Ante tal situación, el parlamentario instó al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) poner la denuncia ante la Fiscalía de la República la cual tendrá que proceder contra quienes han malversado los recursos de la llamada Tasa de Seguridad.
«La Fiscalía debe investigar de oficio, y, si existe méritos suficientes contra personas que causaron un dolo, entonces que inmediatamente se proceda conforme a la ley a los que administraron la Tasa de Seguridad», demandó el entrevistado en Radio América.
El parlamentario del departamento de El Paraíso manifestó, «que, si no ponemos un hasta aquí, corremos el riesgo de que los nuevos funcionarios cometan los mismos errores».
Cabe señalar que las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), manifestaron que se están armando como «rompecabezas» los expedientes con el fin de conocer en qué se invirtieron los millones de lempiras de la Tasa de Seguridad. Ante eso, Mario Segura, expresó, que recuerden que en el Congreso Nacional ya derogamos la Ley de Secretos, por tanto, ellos tienen toda la información a la vista».
«Creo que esas operaciones no se hacen en efectivo, sino a través de bancos y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dirigida por Marcio Sierra un hombre con gran experiencia perfectamente puede ayudarles siguiendo todo el trayecto de hacia dónde fueron dirigidos los fondos, quién lo sacó y a quiénes se le pagaron», soslayó el congresista.
«Siento que la Fiscalía trabaja a pasos de tortuga embarazada y por falta de voluntad y los políticos hemos dado de alguna manera las manos de los fiscales para que no puedan actuar», finalizó el jefe de bancada liberal.
CNA revela que más de L1,077 millones se desembolsaron en el avión presidencial
El organismo anticorrupción constató el desembolso total de 1,077 millones 713 mil 684 lempiras con 68 centavos por parte del Estado de Honduras a través de la Tasa de Seguridad Poblacional en concepto de adquisición, uso, mantenimiento y operación de la aeronave presidencial Embraer Legacy 600.
En la exposición de los hallazgos, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, detalló que en 2014 se pagó la reserva de compra del avión presidencial con el anticipo de casi 21 millones de lempiras, una aeronave de segunda mano que ya contaba con mil 606 horas de vuelo, aun cuando al momento de la compra la Ley de Contratación del Estado prohibía adquirir bienes usados; sin embargo,” volaron a comprarlo”.
Cuatro meses después, el 01 de octubre de 2014 el Congreso Nacional reformó el artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado incorporando la excepción de compra de bienes usados cuando sean autorizados por el presidente de la República en consejo de secretarios de Estado.
Agregó que el 06 de octubre del mismo año (2014), el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad emitió una resolución mediante la cual autorizó al coordinador del comité técnico del fideicomiso para la administración del fondo de protección y seguridad poblacional, la adquisición de una aeronave Embraer Legacy 600.
El 10 de octubre de 2014 se hizo efectivo el pago de salario pendiente de 276 millones 939 mil lempiras, es así como se desembolsaron más de 297 millones de lempiras por la adquisición de la aeronave.
“A nosotros como pueblo nos dijeron que era por medio de donación, pero esta se realizó posterior a la compra y por montos inferiores a los ya pagados en la cuenta ‘amigos de Honduras’ que se apertura hasta el 31 de diciembre de 2014, es decir, seis meses después de haber otorgado el anticipo a la compra», indicó.
En ese sentido, Castellanos dijo que los tiempos no coinciden, que primero compraron un bien usado y luego pidieron permiso; primero pagaron y meses después recibieron la donación.
La entidad de sociedad civil evidenció que la compra de la aeronave se registró como una deuda a cargo del Estado de Honduras, cuando evidentemente se trató de un bien que el Estado adquirió en propiedad.
Además, se constataron múltiples irregularidades en el aspecto financiero como los pagos irregulares a sociedades mercantiles del extranjero, el pago de gastos de viaje sin soporte de liquidación, la duplicidad de pagos, los desembolsos en exceso como efecto de la devaluación de la moneda y el pago a un proveedor bajo una resolución sin vigencia denotando una mala administración de fondos públicos.
Información: Héctor Murillo
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