Radio América. El miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, este miércoles ante el Ministerio Público presentó una denuncia en la que involucra a una consejera propietaria y un jefe de bancada de un partido polÃtico de un «plan que tiene por objetivos claros desacreditar de manera sistemática y dolosa el proceso electoral general 2025″.
«Estimado señor Fiscal General de la República por medio de la presente yo Marlon Ochoa comparezco ante usted para formular denuncia e informar al Ministerio Público sobre hechos que a mi leal saber y entender configuran conductas tipificadas en la legislación penal y electoral de Honduras y constituyen una grave e inminente amenaza de afectación al orden público, a la estabilidad democrática, al orden constitucional y a la integridad del proceso electoral general 2025», expone primeramente el consejero.
La denuncia
En ese contexto, Ochoa, manifestó, «mi denuncia se fundamenta en información y material de audio que vengo obligado a transmitir a las autoridades competentes para que sea sometida a una investigación rigurosa por existencia y organización de un plan que tiene por objetivos claros desacreditar de manera sistemática y dolosa el proceso electoral general 2025 y generar y promover una crisis de legitimidad y desestabilización post electoral».
«En los audios recibidos y que se entregan participan las voces identificadas de una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral y del jefe de bancada de un partido tradicional en el Congreso Nacional», refiere la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.
Detalló que «los hechos aquà denunciados pueden configurar la comisión de delitos graves contra la seguridad del Estado de Honduras, el orden público, la seguridad colectiva y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, tales como sedición, traición a la patria, asociación ilÃcita, asociación terrorista, conspiración, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones incompatibles, coacción y amenaza electoral con perjuicio gravoso para el pueblo hondureño, al igual que en 2009, donde el Tribunal Supremo Electoral y el pleno de sus magistrados construyeron con un dictamen la realización de la primera consulta popular de la historia, la cuarta urna, y luego en el 2013 y 2017, los escandalosos fraudes electorales ejecutados a través del sistema de transmisión de resultados».
En ese sentido Marlon Ochoa enfatizó que el «Ministerio Público debe prestar especial atención en el hecho que, para el proceso electoral general de 2025, conforme al modelo acordado para el sistema de transmisión de resultados electorales, la transmisión de imágenes y datos de las actas de cierre se realizará a través de tres canales de datos privados pertenecientes a tres empresas privadas, Tigo, Claro y Starlink».
Señalo que esa «modalidad implica que el control y la responsabilidad directa sobre la transmisión de las actas de cierre recae en estas tres compañÃas. La caÃda o interrupción de cualquiera de estos tres canales de datos implicarÃa un impacto negativo y significativo en la integridad de los resultados que el CNE está obligado a proporcionar a más tardar a las 9:00 PM del 30 de noviembre próximo».
Precisó que estas acciones no son aisladas ni inocuas, revelan una concertación entre actores con capacidad real de capturar etapas crÃticas del proceso electoral general».
Cúpulas polÃticas
Afirmó que eso actores provienen de cúpulas polÃticas aliadas del Partido Nacional y del Partido Liberal, que tienen historia acumulada en la ejecución de fraudes electorales, golpes de Estado y otros delitos contra la República y la población hondureña.
«El Ministerio Público debe tener claridad en que los mismos partidos polÃticos aliados del bipartidismo que ejecutaron uno de los mayores crÃmenes contra la República, como lo fue el golpe de Estado de 2009 y que después impusieron fraudes electorales en 2013 y 2017, hoy vuelven a aliarse y conspirar para montar un golpe electoral y alterar el voto popular», soslayó el denunciante.
Mencionó que el Ministerio Público recordará que abrió expediente de investigación sobre el escandaloso fraude electoral de 2017, especialmente por el asesinato de al menos 22 jóvenes hondureños, cuya denuncia y material probatorio fue presentado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos», reseñó el consejero.
Sin embargo, «únicamente se buscaron a los autores materiales militares, sin llegar a los jefes civiles que giraron las órdenes a los jerarcas militares. Junto con la presente comunicación, se hace entrega de una USB que contiene los archivos que sirven de soporte fÃsico y auditivo de los hechos denunciados, asà como la presentación realizada esta mañana durante el foro televisivo Frente a Frente, los cuales pongo a disposición de su despacho y de los fiscales especializados a cargo de las investigaciones correspondientes. La democracia no se negocia.»
«Quien conspira contra los procesos electorales y la voluntad popular conspira contra la República. El Ministerio Público debe actuar de inmediato con energÃa procesal y transparencia para desarticular esta conspiración y trama criminal, someter a la justicia a sus responsables y garantizar elecciones limpias, libres y soberanas», instó el consejo electoral.
Investigación
«Confiando en la honorabilidad y el firme compromiso del Ministerio Público con la justicia y el Estado de Derecho, solicito de manera urgente lo siguiente», expone en el escrito», arguyó.
1- Que se inicie de inmediato las investigaciones correspondientes.
2- Que se identifique y sancione a todos los responsables intelectuales y materiales de este plan desestabilizador que atenta contra la democracia y la seguridad del Estado.
3- «Que se tomen las medidas necesarias para evitar que se consumen los fines ilÃcitos descritos y se proteja la integridad del proceso democrático a celebrarse el próximo 30 de noviembre y prevenir cualquier intento que implique, se repita lo ocurrido el domingo 9 de marzo, en que a las 13.25 horas, sin ninguna prueba, la presidenta del CNE emitió declaraciones responsabilizando unilateralmente a las Fuerzas Armadas de Honduras por la demora en la entrega de los materiales electorales».
«Quedo a su entera disposición para aportar cualquier información adicional, rendir declaración y colaborar con las diligencias que el Ministerio Público determine. Agradezco de antemano la atención prestada a este grave asunto y la pronta acción del Ministerio Público. Sin otro particular, me suscribo», agregó.
Añadió que «la forma en que accedimos a estos audios será informada de manera oportuna al Ministerio Público. El Ministerio Público me estará llamando próximamente a rendir declaración y cuando rendamos declaración expondremos la forma en que se obtuvieron estos audios».
«Quiero relatarles brevemente que contienen estos 24 audios distintos. En esencia contienen información que delata un plan para desarticular y destruir el proceso iniciando el propio dÃa de las elecciones. El primer paso va a ser utilizando las vocerÃas de la Observación Nacional e Internacional para deslegitimar el proceso», manifestó Ochoa en su denuncia.
Concluyó que «también se devela un intento por instrumentalizar y controlar el transporte de materiales. También se develan intentos por desestabilizar los centros de datos en donde están, donde se reciben los datos del sistema de transmisión de resultados preliminares y de cortar los canales de transmisión de las actas y de los datos desde los centros de votación. Pero aquà frente al pueblo hondureño no pasarán en su conspiración».
Información: Douglas Varela
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