RADIO AMÉRICA_. El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó un requerimiento fiscal contra funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, así como contra particulares, por su presunta participación en una red de corrupción que habría causado un fraude económico superior a 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R. L. , destinados al mejoramiento vial.
La acusación es contra Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOD); a Steven Adolfo Fajardo Vargas, (yerno del actual alcalde municipal); a Josué David Fajardo Hernández (tío de Steve Fajardo) y a los representantes de las empresas que se coludieron para defraudar, entre ellos: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
Además, se acusa de fraude a ex y actuales funcionarios: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica de la Gerencia de Infraestructura; Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos); Walter Cartagena Villagra (exdirector del departamento de Vías). Se imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, trafico de influencias y lavado de activos.
Según las investigaciones, los empleados municipales y representantes legales de las empresas
sostuvieron reuniones previas en las que planificaron adjudicar los 33 contratos a HERCOD,
mientras que las demás sociedades participarían solo como «relleno» para simular legalidad. La
empresa HERCOD también incumplió requisitos esenciales, pues no presentó garantía de anticipo
de fondos ni la nómina de personal técnico encargado de ejecutar las obras. Otras irregularidades
encontradas, es que los imputados fragmentaron los contratos para eludir los procedimientos de
una licitación pública o privada, adjudicando 26 por contratación directa y 7 por licitación privada.
De acuerdo a los hechos, los funcionarios municipales autorizaron los pagos a HERCOD sin que
esta presentara los informes de avance o de finalización de obras, ni verificaron el cumplimiento
de los contratos. Con las investigaciones se verificó que en algunos contratos no se especificó la
ubicación exacta de los tramos a reparar, mientras que otros proyectos no se ejecutaron, entre
ellos la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en la zona de El
Merendón, donde no existe evidencia de que ingresara maquinaria.
El diputado nacionalista, Mario Pérez, se refirió a la convocatoria realizada por el presidente del Congreso a los jefes de bancada y señaló que no existen grandes expectativas. A su criterio, la reunión no cambiará el panorama actual y el Congreso continuará en parálisis… pic.twitter.com/rs0ogLWMdm
— Radio América HN (@radioamericahn) September 23, 2025
Otro de los hallazgos en la investigación es que el imputado Steve Adolfo Fajardo Vargas, sin ser
funcionario municipal, sostuvo reuniones con Osman Chávez, entonces gerente de
Infraestructura y con representantes de las empresas que simularon competir como oferentes.
También se identificó que Luis Fernando Hernández Portillo ha sido socio de familiares directos
de Fajardo Vargas, vínculos que este último aprovechó para obtener beneficios y ventajas
indebidas de los contratos suscritos.
Las acciones anteriores propias de un supuesto delito de tráfico de influencias se materializaron
posteriormente en operaciones de lavado de activos, ya que, una vez que la alcaldía municipal
pagó el total de los 33 contratos a la empresa HERCOD, la representante legal Olga Estela Ávila
Ortega los transfería a otras cuentas en las que ella y su esposo, Luis Fernando Hernández Portillo,
tenían firma autorizada. Posteriormente, Hernández Portillo realizó múltiples transferencias por
un valor superior a los 5.9 millones de lempiras a Josué David Fajardo Hernández, quien, a través
de terceras personas, entregaba el dinero en efectivo a su sobrino, Steve Fajardo, con el fin de
ocultar el origen ilícito de los recursos.
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