La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), en un trabajo conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecuta esta mañana de lunes la Operación Eunomia, mediante la cual se efectúan cuatro allanamientos de moradas y se interpone acción de privación definitiva de dominio sobre 83 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, cuentas bancarias y vehÃculos considerados de origen ilÃcito.
Cuyos titulares de derecho son o están vinculados al comisario en condición de retiro Constantino Josué Zavala LaÃnez y al comisionado en condición de retiro Adrián René Flores Marcelino, que entre sà no justifican más de 84.5 millones de lempiras.
Unos 64 de esos bienes enunciados corresponden a Constantino Josué Zavala LaÃnez, su núcleo familiar y socios, por lo que se ejercen aseguramientos sobre cuatro viviendas, tres terrenos, nueve sociedades mercantiles, 16 vehÃculos y 32 productos financieros, localizados en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea del Distrito Central, Francisco Morazán.
Esta acción se ejecuta luego de una investigación de 2008 a 2018 en la que se encontró una incongruencia patrimonial de 74 millones 479 mil 285 lempiras con 81 centavos.
En el perÃodo de investigación que comprende 10 años, la UFADPOL y la ATIC han detectado, una vez realizados los análisis financieros, que el comisario en retiro Zavala LaÃnez no justifica la cantidad 16 millones 888 mil 112 lempiras con 29 centavos.
Además, que realizó movimientos financieros atÃpicos de 2011 a 2017, donde se observó un incremento patrimonial significativo, manteniendo durante todo ese tiempo un saldo a favor de más de 11 millones de lempiras, incluido en ese monto 4 mil 412 dólares.
Otra de las anomalÃas encontradas durante la fase de investigación es que registraron 37 movimientos financieros (remesas) enviadas por el comisario en retiro a Estados Unidos, Guatemala y Honduras por un monto de más de 170 mil lempiras y por más de 181 lempiras también recibió envÃos, sin establecerse el motivo por el cual se efectuaron dichas transacciones.
Asimismo, se desconoce el origen de más de 4.5 millones de lempiras en depósitos en efectivo que Zavala LaÃnez hizo a las empresas Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S. de R.L, Eagle Visión S.A de C.V y AlphaDesing Studio S. de R.L.
También, fiscales, agentes y peritos al realizar el análisis de los familiares y socios, entre ellos: Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala LaÃnez, Héctor Alejandro MejÃa Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres y a las empresas antes mencionadas reflejan un patrimonio no justificado por la cantidad de 57 millones 107 mil 667 lempiras con 16 centavos.
Por otro lado, se ha solicitado el aseguramiento sobre 19 bienes muebles e inmuebles en San Pedro Sula y La Lima en Cortés y Tegucigalpa en Francisco Morazán, al comisionado en retiro Adrián René Flores Marcelino, entre ellos: tres viviendas, ocho vehÃculos (turismos, cabezales y remolques) y ocho cuentas bancarias, de estos productos financieros durante el perÃodo de investigación que comprende de 2008 a 2017, en el que se detectaron depósitos significativos.
Y es que el comisionado en retiro durante el perÃodo investigado registró un comportamiento financiero atÃpico y recibió depósitos por la suma de 10 millones 574 mil 994 lempiras con 45 centavos, sin que exista un sustento legal y documental que justifique un incremento patrimonial de alrededor de 10 millones 119 mil 291 lempiras con 22 centavos.
Flores Marcelino en perÃodos alternos de 2008 a 2017, recibió 264 depósitos bancarios en moneda nacional por un monto de 2 millones 203 mil 550 lempiras con 9 centavos y en una cuenta en dólares recibió varios depósitos por un monto total de 6 mil 722 dólares, sin que se conozca el origen de las transacciones. De acuerdo al factor cambio son 147 mil 682 lempiras con 6 centavos.
Es importante señalar que la modalidad observada dentro del comportamiento financiero del investigado en todas las cuentas bancarias analizadas, es el fraccionamiento de depósitos por montos significativos y por diferentes personas, sin relación aparente de comercio o de otra Ãndole, lo que es indicativo de una tipologÃa de lavado de activos.
En ambos casos, el Ministerio Público (MP) logró que el Juzgado de Letras de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen IlÃcito ordenara la inscripción de la medida cautelar preventiva de aseguramiento en el Instituto de la Propiedad (IP), cámaras de comercio y en el sistema financiero nacional.
Esto con el propósito que los titulares de derecho no puedan realizar ningún tipo de actos, contratos o movimientos de los bienes y productos bancarios en cuestión, lo que por el momento no constituye una incautación, pero sà el inicio de un proceso del que se espera en un juicio de privación lograr una sentencia de comiso sobre el total de los 83 bienes asegurados.
Se establece además que el finiquito que los dos policÃas investigados obtuvieron en su momento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no era causa determinante para que el MP no pudiera profundizar en el análisis de un patrimonio que por una década mostraba signos e indicios de conductas atÃpicas e irregulares, promoviendo un caso bajo los principios de la investigación criminal y la independencia que reviste la gestión fiscal, en un ámbito penal y en el marco de su mandato constitucional y legal.