Radio América._ La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), presentó requerimiento fiscal y asegura bienes a “Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en dicho fideicomiso, y a Liana María Mayorga Castillo (capturada), gerente de empresa Plasticards S. A., por suponerlos responsables de defraudar por 18,547,200 millones de lempiras al Estado mediante el suministro de tarjetas «PVC» para la emisión de licencias de conducir. Los delitos imputados: abuso de autoridad, fraude y lavado de activos”.
Según las investigaciones, la Secretaría de Seguridad, en diciembre de 2021, adjudicó irregularmente la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., la cual había sido constituida apenas dos meses antes de ser beneficiada con el contrato. Sin embargo, aunque oficialmente se reportó el ingreso de las 480 mil tarjetas, en realidad solo 258,000 llegaron al país.
Contratación
El 22 de enero de 2022, apenas cinco días antes de que el nuevo gobierno asumiera la administración pública, la Secretaría de Seguridad realizó un pago de L 18.5 millones a Plasticards. Tres días después, su gerente Liana María Mayorga Castillo, habría transferido unos L 17 millones a la empresa Inversiones MyM S.de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina, quien legalmente tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo de coordinador de la Tasa de Seguridad.
Asimismo, se comprobó que, aunque la adjudicación del contrato correspondió oficialmente a Grupo Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por la empresa extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos e importadas por la empresa Inversiones MyM S.de R.L, de las cuales Juan Ramón Molina es socio propietario.
Los imputados también utilizaron fachadas de empresas internacionales y los sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para triangular lavar estos millonarios fondos provenientes del presupuesto nacional. Ante estos hechos, el MP asegura 7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculados a los imputados.
COHEP
En referencia a este caso el El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armando Urtecho, es que Juan Ramón Molina Rodríguez, sí fue propuesto por el sector privado, pero que «las acciones que él tomaba ahí eran a título personal, ya no fueron a título del Consejo porque nunca venía a pedir autorizaciones para tomar algunas decisiones».
Además, mencionó que el «Congreso Nacional modificó el decreto en que nos eliminó el derecho el veto y encasilló todas las acciones como secretas y de ahí que íbamos a saber nosotros qué estaban haciendo, hay que preguntarle al presidente de la Corte, al presidente del Congreso Nacional, al presidente de la República, al secretario de Seguridad, al jefe de las Fuerzas Armadas, esos eran los miembros que estaban ahí y no sabemos que decisiones tomaban allí porque lo encasillaron bajo la ley de secretos»
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