(EFE).- Nicaragua consolidó un régimen autoritario y familiar en 2025 bajo la presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras una reforma a la Constitución, según advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual.
El organismo especificó que ese autoritarismo se consolidó en febrero de 2025 con la entrada en vigor de una reforma parcial a la Constitución Política, además de otras normas «regresivas» que institucionalizaron la subordinación de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral al control presidencial.
Medidas
«Estas medidas suprimieron definitivamente la separación de poderes y profundizaron el desmantelamiento del Estado de derecho, con el fin de cerrar cualquier vía para la restitución democrática», alertó la CIDH, que aseguró haber constatado que «el espacio cívico y democrático permanece completamente cerrado».
En 2025 persistió la criminalización sistemática contra activistas, religiosos y sectores políticos, mediante el cierre de organizaciones y persecución de voces críticas y allegados al sandinismo, según la CIDH que también denunció detenciones arbitrarias bajo condiciones deplorables, tortura, aislamiento y desapariciones temporales.
Además, señaló que las muertes ocurridas bajo custodia estatal reflejan el agravamiento de la violencia estatal y la completa ausencia de garantías del debido proceso y protección judicial.
Organismo
Ese organismo también observó la intensificación de la represión transnacional del régimen nicaragüense contra personas exiliadas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que continúan su labor desde el exilio. Por ello, patrones constituirían graves violaciones a los derechos humanos conforme al derecho internacional.
Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales, eliminando a la oposición para no tener competencia y bajo una política cada vez más aislada de la comunidad internacional que mantiene el país en una profunda crisis.
En 2025, reformas legales desmantelaron la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes establecida desde 1987, centralizando el control ejecutivo sobre sus territorios, lo que amenaza gravemente su supervivencia física y cultural, según el organismo internacional.
Informe
La CIDH recordó que en otro informe publicado este año se documentaron ataques armados, asesinatos y desplazamientos forzados, agravados por concesiones extractivas sin consulta previa, lo que consolida un grave contexto de violencia y despojo contra los liderazgos comunitarios.
Finalmente, en 2025, la situación de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo independiente continúan siendo críticos, apuntó la CIDH, que observó la persistente represión contra la prensa, mediante detenciones arbitrarias, denuncias de desaparición forzada y otros hechos, incluso más allá de las fronteras. EFE
mg/adl/mt/eav
LE INTERESA SABER: Asfura se reúne con empresarios mexicanos interesados en invertir en Honduras
