(EFE).- El Gobierno de Nicaragua anuló este jueves la personalidad jurídica de 12 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas cinco estadounidenses, dos de Canadá, y el brazo social de la filial nicaragüense de la multinacional suiza de materiales de construcción Holcim.
La disolución de esas asociaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Con el cierre de esas 12 ONG suman más de 5.700 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
La cartera del Interior explicó que cerró esas 12 organizaciones porque solicitaron su disolución voluntaria.
Entre las 12 ONG canceladas se encuentra la Fundación Holcim Nicaragua, cuya personalidad jurídica estaba vigente desde marzo de 2017, y que solicitó su cierre, según el acuerdo ministerial, «por falta de recursos económicos para continuar con sus proyectos».
En tanto, las ONG estadounidenses Project Concern International (PCI), Svalorna Latinamerika, y Mission 14, solicitaron su disolución por falta de recursos financieros para operar en Nicaragua.
Mientras las también estadounidenses Sociedad Médica y Dental Cristiana y Manos de Amor argumentaron que ya habían cumplido con sus fines y objetivos en Nicaragua.
Por su lado, las canadienses Evangelical Free Church Of Canadá y The David/Jonathan Project pidieron su baja debido a la insuficiencia de fondos para mantener operaciones en Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el octogenario presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas. EFE
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