Radio América. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción presentó este martes un nuevo requerimiento fiscal contra el exdirector de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales.
La nueva línea deriva de un contrato de supervisión otorgado por el extitular de Inversión Estratégica de Honduras a su tío Napoleón Bográn Idiáquez.
Según se detalló, el Ministerio Público en este segundo requerimiento fiscal acusa a Bográn de violación a los deberes de los funcionarios.
De acuerdo a las investigaciones, Bográn hizo la gestión sin haber sometido a aprobación a la empresa CINSA en donde su tío es socio propietario.
Se trata de la supervisión de una obra en la que se construiría el plantel de uno de los hospitales móviles que funcionará en el municipio de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras.
El monto del contrato es de un millón doscientos mil lempiras (L1,200,000), dinero que fue pagado pese a que la construcción no se ha concluido.
De acuerdo a la Ley de Contratación del Estado en su artículo 15 numeral seis, no se puede contratar a parientes en el cuarto grado (4to) de consanguinidad o segundo de afinidad, sin embargo, el exdirector de INVEST a pesar de la relación de parentesco, otorgó el 26 de marzo del presente año este contrato de supervisión a su tío.
“Esta acción lleva a la convicción de que es fundamental la prisión preventiva del acusado para que, conforme lo establece nuestra legislación penal, se evite el peligro de obstaculización de las mismas”, indicó la fiscalía en un comunicado.
Cabe mencionar que ayer (lunes) miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dieron detención a Marco Bográn y al exadministrador de Invest-H, Alex Alberto Moraes, por el delito de malversación de caudales públicos en el gasto de más de 100,000 lempiras de viáticos a funcionarios alojados en un hotel capitalino durante la pandemia.
Bográn es señalado por corrupción en la supuesta compra sobrevalorada de siete hospitales móviles para pacientes covid-19, gestión empañada por constantes denuncias de irregularidad de parte de organizaciones de sociedad civil. En ese sentido, el Ministerio Público ha abierto 22 líneas de investigación.
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