(EFE). La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó este domingo que el Gobierno de Nicolás Maduro tendrá que responder ante la Justicia por las 25 muertes que contabiliza desde 2015 bajo custodia del Estado, luego del fallecimiento este sábado del preso político y exgobernador opositor Alfredo Díaz.
«En 26 años el régimen ha convertido las cárceles en centros de torturas, donde su política es someter a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prologados, sin acceso a una defensa privada y la nula atención médica», aseguró la organización en su cuenta de X.
Por tanto, subrayó que el Gobierno de Maduro es el «responsable de estas muertes» y defendió que las personas que fallecieron «fueron detenidas de forma arbitraria».
«Desde el OVP nos preguntamos: ¿En qué Gobierno murieron tantos presos políticos bajo custodia del Estado?», sentenció la ONG.
El Gobierno de Estados Unidos denunció este domingo la «naturaleza vil del régimen criminal» de Maduro en Venezuela tras la muerte de Díaz y deploró también las condiciones de su detención.
«La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro», dijo en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
El sábado, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó de que el exgobernador del estado Nueva Esparta murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONG y partidos políticos.
No obstante, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron que el fallecimiento de Díaz revela un «patrón sostenido de represión estatal» y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Machado y González Urrutia subrayaron que la integridad y vida del preso político eran «responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado» en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y descartaron que su muerte sea «común».
En su cuenta de X, González Urrutia indicó que Díaz «debió recibir la atención médica que necesitaba, como tantos presos políticos a quienes se les niega un derecho básico que debe ser garantizado sin excepciones».
Díaz, activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde, fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis política tras las presidenciales de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado que dio la reelección a Maduro.
En ese momento, el hoy fallecido cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre el estado de Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.EFE
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