(EFE).- El reciente proceso electoral en Honduras evidenció fallas estructurales que mantienen al país en una «crisis político-institucional» recurrente, advirtió este martes el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) al presentar una propuesta de reformas orientadas a evitar nuevos conflictos y fortalecer la democracia.
Según un informe del Cespad, que se describe como una iniciativa ciudadana de Honduras, las crisis electorales en la nación centroamericana no son incidentes «aislados», sino «expresiones recurrentes de una crisis político-institucional más profunda».
El documento diagnostica un colapso donde convergen la debilidad de las instituciones, la falta de conducción y una gestión política del conflicto que «sacrifica la certeza jurídica» en favor de pactos de cúpulas políticas.
Debilidad política y rezago institucional
El informe subraya que las elecciones generales de noviembre pasado, en las que se impuso el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, estuvieron marcadas por “tensiones, controversias y negociaciones” que permitieron la investidura de nuevas autoridades, pero no abordaron las causas que convierten cada proceso en “un punto de quiebre para la institucionalidad democrática”.
La ONG advierte que, ante la ausencia de reglas «exigibles» y de instituciones con «capacidad real» de mando, los comicios han dejado de ser «un mecanismo ordinario de competencia» para convertirse en «escenarios de administración de crisis».
Rezago institucional
El Cespad atribuye este «rezago» institucional cada vez «más visible» a la «insuficiente» aplicación de las leyes y a una «débil voluntad política» que impidió promover reformas estructurales durante 2024 y 2025, a pesar de que las deficiencias ya habían sido identificadas en ciclos previos.
A ello se suman nuevas debilidades detectadas que, de no ser atendidas, podrían reproducir en el próximo proceso electoral las «mismas tensiones, conflictos y escenarios de incertidumbre» que las registradas en las elecciones de 2025.
Reformas: Pendientes, urgentes y nuevas
Para frenar la incertidumbre de cara al próximo ciclo, el Cespad propone un paquete de reformas dividido en tres ejes estratégicos, pendientes, urgentes y nuevos, confirmó a EFE la asesora legal del organismo, Osiris Payes.
Las reformas pendientes corresponden a disposiciones identificadas desde la aprobación de la Ley Electoral, en mayo de 2021, que incluyen la ratificación constitucional de la prohibición de la reelección presidencial, un tema que ha polarizado al país desde 2017, cuando se reeligió el expresidente Juan Orlando Hernández, explicó.
Las urgentes responden a demandas reiteradas de la ciudadanía, como la implementación de una segunda vuelta electoral (balotaje) y la ciudadanización de las juntas receptoras de votos para reducir el control de los partidos políticos sobre las mesas, añadió Payes.
Por su parte, entre las nuevas propuestas figuran la regulación de las suplencias en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y una auditoría profunda al sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), apuntó.
Uno de los aspectos más críticos del planteamiento es la armonización de la legislación electoral con el Código Penal, ya que, aunque la Ley de Política Limpia considera delito el financiamiento ilegal, este no está tipificado penalmente, lo que, según Payes, genera impunidad.
Tenemos una normativa que dice que es ilegal, pero un Código Penal que no lo sanciona», afirmó la experta, quien insistió en la necesidad de penalizar el uso de recursos del Estado en campañas políticas.
La asesora del Cespad sostuvo que los procesos electorales en Honduras suelen verse “atropellados” por crisis cíclicas que no se resuelven de fondo y que terminan canalizándose a través de «negociaciones o los grandes acuerdos políticos», acotó. EFE
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