Tegucigalpa, 2 ago (EFE).- El Centro de Derechos Reproductivos (CDR) presentó este martes en Honduras la iniciativa «amicus curiae» (amigo de la Corte) para respaldar un recurso de inconstitucionalidad presentado en 2021 por colectivos feministas contra un decreto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto.
La directora para América Latina y el Caribe del CDR, la colombiana Catalina Martínez, acudió a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa para apoyar la acción de inconstitucionalidad interpuesta en abril de 2021 por una veintena de organizaciones feministas.
La penalización «no evita los abortos, sino que lleva a que las mujeres y niñas víctimas de violación tengan que recurrir a procedimientos inseguros, o asuman embarazos y maternidades forzadas», principalmente en menores de edad sin recursos y que viven en la zona rural, subrayó Martínez.
El escrito del CDR, una ONG de abogados y activistas que se dedica a la defensa del aborto en el mundo, señala que el aborto en Honduras debería ser un servicio de salud esencial, especialmente para las sobrevivientes de violación.
Destaca que Honduras ha ratificado varios tratados internacionales que establecen protecciones a la vida y la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres.
El «amicus curiae» es una figura que permite a actores ajenos a un juicio o proceso ofrecer razonamientos jurídicos y consideraciones vinculadas con los hechos de un caso.
En enero de 2021, el Parlamento de Honduras aprobó un proyecto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto en el país, donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, pese a la oposición de organizaciones feministas locales.
El aborto es penalizado en Honduras en todas sus formas desde 1997 y varias iniciativas que buscan despenalizarlo en tres supuestos: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación, no han tenido eco entre los diputados.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Martínez dijo que forzar a las sobrevivientes de una violación a «asumir una maternidad, vulnera más de nueve derechos fundamentales de esas mujeres y niñas, incluyendo los derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la salud sexual y reproductiva, la no discriminación, el acceso a la información, la educación y a no ser sometidas a tortura o tratos crueles».
Al menos tres niñas menores de 14 años son madres cada día en Honduras y eso es producto de una violación, según datos de la organización Somos Muchas.
«Es decir, son obligadas a asumir una maternidad forzada y comprometer su futuro, porque la interrupción del embarazo está prohibida en todas sus formas», denunció Somos Muchas.
La portavoz de Somos Muchas, Regina Fonseca, señaló que alrededor de 65 adolescentes entre 15 y 18 años también se enfrentan «a la misma tragedia» todos los días.
El Centro de Derechos Reproductivos y Somos Muchas señalaron que las niñas y mujeres hondureñas merecen una Corte Suprema de Justicia «justa, que no ignore su sufrimiento y les garantice sus derechos». EFE
ac/gr/rrt
PUEDE INTERESARLE: Más de 8,500 casos de adopciones es la mora del gobierno anterior, lamentan las nuevas autoridades d…
