(EFE).- Honduras debe «redoblar urgentemente» sus esfuerzos para reparar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante las protestas surgidas por un presunto fraude en las elecciones generales de 2017, en las que murieron unas 23 personas.
Esta es una de las conclusiones del informe «Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos», divulgado este miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Acnudh).
El documento señala que Honduras debe «redoblar urgentemente sus esfuerzos para reparar y remediar estas violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones presidenciales del 2017», en las que el presidente del país, Juan Orlando Hernández, fue reelegido.
La respuesta de Honduras durante las protestas en el período electoral derivó en «graves violaciones a los derechos humanos», enfatiza el informe.
La oposición política aduce que Hernández fue reelegido mediante un “fraude” y ha venido exigiendo su salida.
Según la Acnudh, al menos «22 civiles y un agente policial murieron» y otras 60 personas resultaron lesionadas durante las protestas tras los comicios del 26 de noviembre de 2017, en las que además se registraron «arrestos masivos, malos tratos durante el arresto y la detención».
FUERZA EXCESIVA Y LETAL CONTRA PROTESTAS
La representante de la Acnudh en Honduras, Soledad Pazo, dijo que los cuerpos de seguridad «utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso la fuerza letal, y resultó en muertes, así como lesiones de diversa magnitud de manifestantes y transeúntes».
Señaló que el informe expone una «visión general» de los pasos adoptados por Honduras para «otorgar reparación y remedio a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos a través de la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de manera efectiva, rápida y exhaustiva» proporcionándoles «recursos efectivos».
Pazo enfatizó que dos años después de las protestas, «ningún caso de violación» ha obtenido una sentencia condenatoria» y que la mayoría de esas violaciones, como las presuntas ejecuciones extrajudiciales o la desaparición forzada, «siguen bajo investigación», mientras que «otras no han sido investigadas».
«La debilidad en la estrategia de investigación y procesamiento adoptada por el Ministerio Público, junto con las limitaciones internas de personal y coordinación, que no fueron abordada», son factores que contribuyen a que los casos sigan impunes, destaca el documento.
DEUDAS PENDIENTES
La representante de la Acnudh indicó que en Honduras aún «hay deudas» en el combate contra la impunidad, el establecimiento de un mecanismo para asegurar «el derecho a la verdad» a las víctimas y garantizar su reparación.
«Las reparaciones no solo tienen que ver con el daño sufrido directamente por las víctimas y sus familiares, sino también en tomar medidas para que no se repitan estas violaciones», enfatizó.
Honduras debe adoptar medidas «legislativas y administrativas sancionatorias» orientadas a «examinar la repetición de conductas en las fuerzas de seguridad» y «legislar el uso de la fuerza», añadió.
En su opinión, para evitar la repetición de los hechos, es necesario que el país adopte «medidas encaminadas a no solamente investigar y sancionar a los culpables (…), sino también a ver cómo se comportan las cadenas de mando, qué ordenes se dan, cuáles son las brechas en las fuerzas de seguridad que permiten este tipo de incidentes».
REPARACIÓN EFECTIVA
Las víctimas de «violaciones graves» a los derechos humanos deben «recibir una reparación efectiva en forma de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición», señala el informe de la Acnudh.
La organización insta a Honduras a «acelerar el progreso rápido y efectivo para garantizar la responsabilidad penal y civil de los autores de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto de las elecciones de 2017».
Además, sugiere «restringir» la intervención del Ejército y la Policía Militar de Orden Público en las protestas y revisar los protocolos sobre el «manejo de multitudes», así como «el uso de la fuerza».
La Acnudh recomienda a Honduras «intensificar los esfuerzos para investigar, procesar y juzgar» los casos de violaciones, y pide a la comunidad internacional que provea asistencia técnica y financiera al país para la aplicación de las recomendaciones.
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