Radio América. Opositores nicaragüenses en el exilio alertaron este lunes que el Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua, en el poder desde 2007, está imponiendo a la fuerza el destierro de críticos y disidentes como una política de Estado, sin consecuencias.
«Reemplazar la cárcel con el destierro implica cambiar una injusticia por otra igualmente grave», señaló el dirigente opositor desnacionalizado y expulsado de Nicaragua, Miguel Mora, en su cuenta de la red social X (antes Twitter), al comentar la excarcelación y expulsión hacia el Vaticano de dos obispos, 15 sacerdores y dos seminaristas nicaragüenses que estaban privados de libertad.
Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100 % Noticias, clausurado por las autoridades en medio de la crisis que atraviesa Nicaragua desde 2018, anotó que el exilio forzado constituye un crimen de lesa humanidad y no deberían ser considerado como un alivio ni tolerado por la comunidad internacional.
A su juicio, es imperativo exigir el derecho de los «miles» de nicaragüenses que han sido desterrados, incluyendo los 222 opositores que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, y los dos grupos de sacerdotes que han sido obligados a abandonar Nicaragua.
«El destierro no significa liberación, más bien es una nueva e inaceptable violación de los derechos humanos», argumentó Mora.
Cárcel y después destierro
Por su lado, la poeta y escritora Gioconda Belli, quien también fue despojada de su nacionalidad, dijo en la red social X que «el destierro como política de Estado es síntoma de la más ilegal y cruel intolerancia del régimen de Nicaragua».
Belli, ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, dedicó incluso un poema a los religiosos expulsados en la víspera al Vaticano, en el que considera que los sacerdotes llegaron a Roma en un viaje «no deseado» y que, «a cambio de salir del duro calabozo del encierro vil y desalmado», tenían que aceptar ser desterrados.
«El destierro es una forma de muerte», afirmó la doctora nicaragüense Anely Pérez Molina, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien fue excarcelada y expulsada en marzo de 2023 hacia Estados Unidos.
«No podemos acostumbrarnos ni normalizar el destierro», abogó, por su lado, la activista nicaragüense desnacionalizada Haydee Castillo, para quien «el destierro es también un crimen de lesa humanidad».
Organismo: Ortega expulsa a incómodos
La organización Unidad de Defensa Jurídica (UDC) observó que el destierro se ha convertido en Nicaragua en «una práctica del régimen Ortega Murillo para deshacerse de quienes le son incómodos», y que la misma «es una flagrante violación a los derechos humanos en Nicaragua que continúa en la impunidad».
«El destierro, por tanto desplazamiento forzado, ha sido la política de excarcelación que ha ejercido el régimen, lo cual constituye crímenes de Estado que la comunidad internacional debe denunciar y sancionar», señaló el organismo nicaragüense Urnas Abiertas
La exministra chilena de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola también se sumó al debate a través de la red social X, en donde comentó que lo triste de la excarcelación de los obispos y sacerdotes en Nicaragua «es que una se alegra de verlos libres, pero el destierro no es una solución».
El Gobierno de Ortega informó el domingo que acordó con la Santa Sede el «envío» al Vaticano de los obispos nicaragüenses encarcelados Rolando Álvarez e Isidoro Mora, de 15 sacerdotes y dos seminaristas a los que tenía privados de libertad, con lo que suman 37 los curas excarcelados y expulsados de Nicaragua en el último año, sin incluir los seminaristas ni los que han abandonado el país por razones de seguridad.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas. EFE
