Los peligros contra el ejercicio del periodismo en Honduras han persistido, sumados al obstáculo que representa la suspensión de garantías constitucionales debido a la pandemia de covid-19, señaló este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el informe de su 77 Asamblea General.
«Si bien no se produjeron asesinatos contra periodistas, muchos fueron contagiados por el virus, entre ellos el periodista Mauricio Torres Molinero, quien falleció el 10 de julio, así como Noé Mejía, de Radio América, el 5 de julio», indicó la SIP en el informe que deberá ratificar el comité de Libertad de Prensa.
El organismo señaló además que algunas asociaciones se expresaron sobre la necesidad de rendición de cuentas para mitigar el virus de la desinformación y denunciar violaciones de derechos humanos y abusos de poder.
Algunas asociaciones se expresaron sobre la necesidad de rendición de cuentas para mitigar el virus de la desinformación y denunciar violaciones de derechos humanos y abusos de poder, añade el informe de la SIP sobre Honduras.
La SIP, con sede en Miami, EE.UU., recordó que en mayo de 2021, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien consideró procedente la inclusión de salvaguardas al derecho a la libre expresión de periodistas y propondrá un dictamen con nuevas reformas al Código Penal.
«El delito de difamación fue eliminado en 2020 del Código Penal, pero todavía contiene las figuras de injuria y calumnias», indicó el organismo, que agrupa a propietarios, editores y directores de medios de comunicación, principalmente de prensa escrita, de América.
Señaló además que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aún no respondió a la petición de diferentes sectores para reformar la «Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional», debido a que la «Ley de Secretos», como se le conoce popularmente, vulnera el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia.
Diversos sectores sociales hondureños consideran que la denominada «Ley de Secretos», aprobada el 24 de enero de 2014, «es un obstáculo para el acceso a la información pública, pues blinda con información reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, con 5, 10 y hasta 25 años, la información relacionada con más de 20 ministerios y direcciones de Gobierno».
El Gobierno hondureño, que preside Hernández desde el 27 de enero de 2014, ha sido señalado por varios sectores de ocultar información de interés para el país centroamericano, que el 28 de noviembre celebrará las undécimas elecciones desde su retorno al orden constitucional.
La SIP también recordó que en mayo el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hizo un llamamiento al Gobierno para que investigue y no queden en la impunidad los asesinatos de 90 periodistas en las últimas décadas.
Según el Comisionado de los Derechos Humanos, más del 90 % de las muertes de periodistas en Honduras siguen en la impunidad. EFE