-La Bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata ( PINU-SD) exigió hoy la derogación del PCM-138-2020 contentivo de un contrato de fideicomiso para la generación eléctrica e hizo un llamado al pueblo hondureño a mantenerse alerta ante la posibilidad que el mismo sea sometido a discusión, en las próximas horas, para su aprobación en el Congreso Nacional.
De igual manera, instó a la Junta Directiva y a los diputados, de ese Poder del Estado, a retirar el dictamen respectivo, ya que de aprobarlo se estarían violentando leyes y convenios internacionales y, lo que es peor, volvería inaccesible la energía eléctrica para la mayoría del pueblo hondureño.
“Exigimos la derogación del PCM-138-2020 y nos pronunciamos en contra de aprobar el dictamen”, dijo el diputado Luis Redondo.
Además, recomendó a la Junta Directiva y a todos los diputados del Congreso Nacional que se debe retirar el dictamen y declararlo no admitido.
Según los diputados del PINU-SD se detuvo la discusión del dictamen del proyecto de decreto Reformas al Contrato de Fideicomiso para la Generación de Energía Eléctrica, mediante la constitución de una alianza publico privada, por una serie de razones que van desde violaciones a leyes, convenios internacionales y acciones que afectan directamente al pueblo hondureño.
El contrato de fideicomiso fue suscrito entre la Republica de Honduras actuando a través de la Comisión para la Promoción de la Alianza Publico Privada, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y una institución bancaria.
Se violenta el Convenio 169 de la OIT
La diputada Doris Gutiérrez explicó que se violentan los derechos de los pueblos originarios establecidos en el Convenio 169 de la OIT para que se realicen consultas previas informadas, de igual manera, se violan convenios internacionales sobre el uso sostenible de los recursos naturales.
A lo anterior, se suman violaciones a las leyes que regulan las compras y contrataciones del Estado, así como los proyectos hídricos.
La clara intención, según la diputada, es privatizar la energía y emitir bonos internacionales sobre el agua para que se cotice en la bolsa internacional, lo cual permitirá generar beneficios para muy pocos y restringir el acceso al agua que tiene el pueblo hondureño.
¿Cuántas Bertas Cáceres más tendrán que haber para que los corruptos detengan su fiesta?, se preguntó la diputada.
Ningún PCM puede estar por encima de la Ley
El diputado pinuista por Atlántida, Tomás Ramírez es del criterio que el PCM-138-2020 contradice la Ley General de la Industria Eléctrica que manda que el Operador del Sistema (ODS) prepare el plan indicativo de la expansión de la generación y que los proyectos que figuren en ese plan sean contratados mediante licitación pública internacional.
La bancada del PINU-SD cuestiona que, al darle esas facultades al sector privado mediante un fideicomiso creado con un Banco, éste decidiría qué proyecto se construiría y cuándo, ignorando el plan indicativo preparado por el Operador del Sistema, ODS, y luego la ENEE tendría que comprar la energía que genere el proyecto, sin que medie licitación pública internacional.
“En pocas palabras, el PCM viene a destruir la institucionalidad del sector planteada en la Ley General de la Industria Eléctrica”, cuestionó.
Reiteró que ningún decreto ejecutivo o PCM puede estar por sobre ningún decreto Legislativo, por lo que las disposiciones del PCM 138-2020, no pueden entrar en vigencia, por lo tanto, son nulas de pleno derecho.
Crisis financiera de la ENEE se agravará
Por su parte, el diputado pinuista por Choluteca, David Reyes, calificó como una total aberración que se condene a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la institucionalidad del sector eléctrico con el propósito de continuar saqueando la estatal.
No hay tal “crisis energética”. Lo que hay es una crisis financiera de la ENEE, provocada por la corrupción, el clientelismo político y mal manejo del sector eléctrico, el cual se agravará si se procediera como lo establece el PCM y el decreto de Ley, señaló.
En su criterio hay una manipulación perversa cuando se habla de “megaproyectos” en una lista de 14 proyectos, muchos de los cuales no tienen influencia alguna en las inundaciones del Valle de Sula.
¿Cuál fue el criterio para seleccionar esos 14 proyectos? ¿Quién se beneficiará con esto?, se preguntó.
Uno de los señalamientos es que los 14 proyectos u obras de interés nacional, de acuerdo con la Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, quitan la obligatoriedad de los permisos ambientales
La bancada del PINU-SD no comparte la pretensión de poner en manos de un banco privado el fideicomiso y la contratación de deuda pública, violentando las atribuciones del Congreso Nacional. “Este PCM 138-2020 y el decreto de Ley ponen en evidencia las intenciones de hacia donde pretenden seguir llevando al sector eléctrico”.
Advierten al sector bancario que proyectos de esa naturaleza carecen de la seguridad jurídica, comprometen los fondos del pueblo y de la nación.
Añaden que quienes cometiendo abusos e ilegalidades pretenden imponer acciones en beneficio de grupos de poder en este país, van a terminar siendo los bancos los que tengan que resarcir los daños a la nación por este tipo de complicidad ya que no puede ignorar desconocimiento de la ley.