-La bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) denunció públicamente la intención que existe, en el Congreso Nacional, de reformar la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito con el propósito de beneficiar a diputados y altos funcionarios del Estado vinculados en la comisión de delitos como la corrupción y el narcotráfico.
De acuerdo a la denuncia, la iniciativa es promovida por un grupo de diputados supuestamente vinculados en la comisión de delitos por el Ministerio Público, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y fiscales de Estados Unidos que combaten el narcotráfico.
Según la bancada pinuista, el propósito de los diputados, que buscan reformar la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, es beneficiarse y “blindarse” aún más, junto a otros funcionarios del Estado, así como personas naturales y jurídicas responsables de cometer actos de corrupción y narcotráfico.
En ese sentido la bancada del Pinu cuestiona que se quiera convertir ese poder del Estado en un bufete legal para la defensa y garantía de la impunidad con la aprobación de leyes que beneficien a criminales.
De acuerdo al análisis realizado por los diputados de la bancada pinuista, con dichas reformas se estarían abriendo las puertas a la figura del “testaferrato”, ya que de esta manera los testaferros pueden alegar que son terceros de buena fe y podrán otorgar una garantía para que no los priven de sus propiedades.
Otra de las reformas planteadas es que se estaría ordenando el aseguramiento sin desplazamiento de bienes, lo que para la bancada del PINU-SD “es completamente absurdo” porque no se cumple con el fin de la medida y se favorece al imputado.
Las pretendidas reformas aparecen en el marco de un triple escenario, primero el anuncio de los Estados Unidos de crear una fuerza de tarea regional anticorrupción en países del Triángulo Norte de Centroamérica. Luego, la determinación de un jurado en New York de declarar culpable de tres delitos de narcotráfico y posesión de armas al hondureño Geovany Fuentes.
La bancada pinuista es del criterio que esa debilidad permite a las organizaciones criminales continuar con el financiamiento y desarrollo de sus actividades delictivas corrompiendo a funcionarios públicos y manteniendo su “estatus quo” a través de la generación de incidencias de violencia y aumentando los índices de homicidios en los países en América Latina.
En Honduras, la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito fue publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” el 16 de junio del 2010, en respuesta a los daños ocasionados a la sociedad con actividades ilícitas como el robo de vehículos, la narcoactividad, el secuestro, el tráfico de ilegales, el sicariato y la criminalidad organizada, en general.
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