(EFE).- La consejera presidenta del CNE), Ana Paola Hall, se pronunció este sábado en contra de la «injerencia» del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en asuntos que no le competen sobre las elecciones generales del 30 de noviembre.
Hernández le solicitó el viernes, de manera verbal, a los tres consejeros del CNE, que el día de las elecciones le entreguen a la institución armada una copia de las actas de las juntas receptoras de voto, del nivel presidencial, lo que diversos sectores han rechazado porque no hay una ley que lo avale.
Reunión
«Durante la reunión de trabajo sostenida entre el CNE y las FFAA, ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales, contrarios a la solicitud verbal del Jefe del Estado Mayor Conjunto, de facilitar injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial. Seguiremos coordinando el trabajo requerido, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución», expresó Hall en la red social X.
Hernández ha venido enfrentando una serie de críticas de diversos sectores del país que consideran que se está inmiscuyendo en asuntos propios de los civiles, y afirman que más parece un activista del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Petición
Según Hernández, la petición que le hizo el viernes al pleno del CNE, en una reunión con la cúpula militar, para tratar sobre el traslado en noviembre del material electoral a todo el país, fue amparado en la Constitución de la República, aunque ninguna ley dice que hay que entregarle copias del escrutinio a los militares.
El artículo 272 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas de Honduras son una «institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante».
Señala además que están constituidas para «defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República».
También expresa que «a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Nacional de Elecciones, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas». EFE
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