(EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reiteró este jueves sus críticas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de su país por una serie de decisiones que ha tomado durante la actual campaña electoral, especialmente una solicitud de desafuero por beligerancia política que, a su juicio, podría conducir a un «golpe de Estado».
«Eso no tiene ni pies ni cabeza (la solicitud de desafuero). No existe competencia alguna del Tribunal Supremo de Elecciones para juzgar y destituir a un presidente. Eso sería un golpe de Estado legítimamente repudiado por todas las naciones del mundo», declaró Chaves en una entrevista con Radio Columbia.
El pasado martes, el TSE pidió a la Asamblea Legislativa tramitar el levantamiento del fuero al presidente Chaves por quince denuncias de beligerancia, con el fin de poder avanzar en el proceso sancionatorio, que podría acarrear desde una prohibición para ejercer cargos públicos en el futuro hasta la destitución del cargo.
Se trata de denuncias presentadas por diversas personas a lo largo de los últimos meses, entre ellos líderes de partidos políticos de oposición, que señalaron al mandatario por referirse a temas electorales y atacar a otros partidos durante actos oficiales.
«Lo que veo es un patrón de la clase política y la gente que ha capturado las instituciones de este país, por sacar a Rodrigo Chaves de un ruedo político en el que yo no estoy, pero por alguna razón están obsesionados con eso», afirmó el mandatario.
Según Chaves, quien terminará su mandato el próximo 8 de mayo, lo que se expresa con las solicitudes al Parlamento es que el país necesita una mayoría de diputados dispuestos a «reformar» el Poder Judicial, el Código Penal y otras instituciones del Estado.
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.
Inhabilitación
La ley costarricense indica que el TSE podrá ordenar la destitución e imponer la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios cuando sus actos contravengan las prohibiciones en medio de actos proselitistas de campaña.
Sin embargo, Chaves afirma que el TSE no tiene las potestades constitucionales para solicitar el desafuero del presidente ni para destituirlo.
En septiembre pasado, Chaves ya superó un proceso de desafuero en el Congreso solicitado por la Fiscalía General por un caso de presunto manejo irregular de fondos.
En la inédita votación, 34 diputados se inclinaron por retirarle el fuero contra veintiún que se manifestaron en contra, con lo cual no se alcanzaron los 38 votos (mayoría calificada) que se requerían para aprobar la medida.
En el contexto de la campaña electoral, a partir del pasado 2 de octubre, el Gobierno tiene prohibido, según la ley electoral, difundir mediante cualquier medio de comunicación información publicitaria relativa a la gestión realizada. El mandatario podrá realizar conferencias de prensa e inauguraciones de obras, pero no podrá divulgarlo en medios oficiales ni redes sociales gubernamentales.
Ante estas órdenes, Chaves reiteró este jueves las críticas que ha hecho en los últimos meses al TSE, al que acusa de haberle puesto una «mordaza» y de «cambiar las reglas» de la campaña electoral; además de expresó su desconfianza hacia los magistrados de ese órgano.
Costa Rica celebrará el 1 de febrero de 2026 las elecciones para escoger al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, proceso en el que se han inscrito veinte candidatos presidenciales. EFE
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