(EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cumple mañana su tercer año de su segundo período de gobierno, sin poder superar la crisis sociopolítica interna y entre el rechazo de las principales fuerzas de oposición que han venido exigiendo su salida del poder.
Hernández fue reelegido en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, en los que la oposición aduce que hubo «fraude» y alega también que no podía ser candidato porque la Constitución no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.
En efecto, la Constitución hondureña no permite la reelección presidencial, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 dejó abierta esa posibilidad.
El depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya convocó el pasado domingo a sus bases a «protestar» este lunes contra Hernández y por la no ratificación del acuerdo de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zelaya, coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), primera fuerza de oposición, señaló en Twitter que para Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, «el pueblo hondureño no vale nada».
La Maccih se instaló en Honduras en abril de 2016 luego de un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la OEA, y su mandato concluyó el pasado 19 de enero debido a la falta de acuerdos entre las partes.
Honduras vive una crisis política y social desde 2009 a raíz del golpe de Estado a Zelaya y se agudizó con la reelección del presidente Hernández.
Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Acnudh), al menos 23 personas, incluido un policía, murieron, mientras otras resultaron lesionadas y detenidas durante las protestas, algunas de ellas violentas, tras los comicios de 2017.
Al gobernante hondureño también se le acusa de estar ligado al narcotráfico, luego de que un hermano suyo, Juan Antonio «Tony» Hernández, en octubre de 2019 fue declarado culpable de esa actividad en Estados Unidos.
El presidente Hernández ha rechazado todas las acusaciones y reiterado que no son creíbles declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos, a quienes se les incautaron bienes que amasaron con el tráfico de drogas en el país y negociaron con autoridades de EE.UU. para que les reduzcan sus penas, y en venganza lo han acusado a él.
«Tony» Hernández fue arrestado en noviembre de 2018 en Miami y acusado de conspirar para exportar drogas a EE.UU., de posesión de ametralladoras y de dispositivos destructivos y de mentir a las autoridades federales, de los que se declaró no culpable.
El país, con más de 9,2 millones de habitantes, sufre la violencia criminal que deja entre 10 y 12 muertos diarios, la pobreza que afecta al más del 60 % de su población, la falta de verdaderos líderes en sus instituciones políticas y otros flagelos como el narcotráfico, la corrupción y el desempleo.
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