(PRO-Honduras Network). El día de hoy la defensa de Geovanny Fuentes envió un “memorándum of law” al juez Kevin Castel, en el que solicitan la realización de un nuevo juicio para su cliente, argumentando que la evidencia presentada en el caso de Fuentes Ramírez fue insuficiente para establecer su culpabilidad.
Luego de recibir este memorándum el juez tiene la opción de desestimar la solicitud y de esta manera negar la realización de un nuevo juicio o de aprobar esta petición y ordenar que se repita un nuevo proceso legal contra Geovanny Fuentes, si considera que los argumentos de la defensa son sólidos y suficientes para que esto suceda.
Hasta el momento Fuentes Ramírez continúa en prisión, esperando su sentencia que está programada para el 22 de junio de 2021. Cabe señalar que la sentencia de Fuentes tiene como pena una mínima de cuarenta años y una máxima de cadena perpetua.
Dentro del documento de treinta páginas los abogados Avraham C. Moskowitz y Christopher R. Neff argumentan que “la evidencia fue insuficiente para establecer que el Sr. Fuentes-Ramírez participó en cualquier conspiración acusada, y mucho menos que poseía una ametralladora en apoyo de la conspiración de narcóticos acusada.
Además, suponiendo argumentar que había pruebas suficientes para demostrar que el Sr. Fuentes Ramírez conspiró con el testigo del gobierno Devis Leonel Rivera Maradiaga (“Leonel Rivera” o “Rivera”) hace más de una década, no había pruebas suficientes para demostrar que el acusado permaneció miembro de una conspiración después de que él y Rivera tuvieran una “pelea” en 2013”.
Además agregan que “La única prueba directa del Gobierno del acuerdo del señor Fuentes Ramírez para sumarse a una conspiración, además del hecho de que se asoció con otras personas a quienes el Gobierno acusa de haber participado en el tráfico de estupefacientes, es el testimonio de Leonel Rivera sobre hechos ocurridos hace muchos años. , y para el cual el estatuto de limitaciones aplicable hace mucho tiempo.
Sin embargo, la evidencia en el juicio demostró que Leonel Rivera y el Sr. Fuentes Ramírez tuvieron una pelea en 2013, supuestamente llegando a intentar matarse entre sí, disputa que terminó con su presunta empresa conjunta”
En el documento continúan señalando que “las amistades y relaciones familiares del Sr. Fuentes Ramírez con personas a las que el Gobierno acusa de tráfico de estupefacientes, en gran parte sin evidencia más que la relación de esas personas con el Sr. Fuentes Ramírez, hay muy pocos indicios de que haya participado en alguna conducta ilegal después de su presunta la empresa conjunta con Rivera llegó a su fin”
Dentro de la solicitud también establecen que, “por lo anterior no hubo pruebas suficientes para que el jurado concluyera que el señor Fuentes Ramírez participó en una conspiración ilegal de narcóticos o armas, o que poseía una ametralladora para promover una conspiración de narcóticos, dentro del plazo de prescripción.
Debido a que el Gobierno no pudo probar que el Sr.Fuentes Ramírez conspiró con alguno de los co-conspiradores de Leonel Rivera que fueron entregados al Distrito Sur por primera vez después de sus arrestos, el Gobierno tampoco estableció un lugar en el Distrito Sur de Nueva York. Por todas estas razones, la Corte debe dictar sentencia absolutoria de conformidad con Regla 29”
Les presentamos la traducción de algunos de los fragmentos adicionales del documento a continuación:
El Demandado solicita un nuevo juicio porque los errores cometidos en su primer juicio hicieron que ese juicio fuera fundamentalmente injusto.
En primer lugar, la Corte admitió pruebas incautadas de cuentas de medios sociales pertenecientes al hijo del Sr. Fuentes Ramírez, Geovanny (“Geo”), “sujeto a conexión”, pero se negó a eliminar esas pruebas a pesar de que el Gobierno no estableció ninguna base permisible para el uso de esa evidencia contra el acusado.
En ausencia de cualquier evidencia de que el Sr. Fuentes Ramírez y su hijo fueron co-conspiradores, la consideración del jurado de la evidencia relacionada con su hijo fue altamente perjudicial para el Demandado, especialmente con respecto al Segundo Cargo.
En segundo lugar, el Tribunal cometió un error al negarse a imputar el cargo de prescripción solicitado por el Demandado. Primero, había una amplia evidencia de la cual el jurado podría haber concluido que cualquier conspiración que involucrara al Sr. Fuentes Ramírez terminó a más tardar en 2013, cuando él y Rivera se separaron.
Por lo tanto, fue un error no instruir al jurado de que tenían que encontrar pruebas más allá de una duda razonable, ya sea que el Sr. Fuentes Ramírez entró en una conspiración dentro del período de cinco años antes de su acusación o que una conspiración preexistente siguiente en esos cinco años. período de un año como requisito previo a la condena en los cargos uno y tres.
Además, si bien la Corte reconoció expresamente que los tres cargos contra el señor Fuentes Ramírez eran
Sujeto a un plazo de prescripción de cinco años, el Tribunal, sin embargo, se negó a dar instrucciones sobre el estatuto de limitaciones porque los cargos uno y tres de la acusación están sujetos a una presunción de continuidad, a pesar de que el cargo dos no estaba sujeto a la misma presunción. Este error permitió inadmisiblemente al jurado condenar al Sr. Fuentes Ramírez en el cargo dos sobre la base del testimonio sobre las actividades del acusado en 2013 o antes.
Específicamente, la única evidencia de que el Sr. Fuentes Ramírez poseía o usó ametralladoras para promover una conspiración de narcóticos fue el testimonio de Rivera de que él poseía ametralladoras en las reuniones y el testimonio de José Sánchez de que los trabajadores del Sr. Fuentes Ramírez en una finca de café que Sánchez creía que era una cocaína el laboratorio llevaba ametralladoras, hechos en los que el plazo de prescripción ha expirado hace mucho tiempo.
Finalmente, la Corte incurrió en error al permitir que Rivera testificara sobre declaraciones extrajudiciales de Metro luego de causar su indisponibilidad por asesinato, y al permitir que Rivera testificara sobre “admisiones” supuestamente hechas cuando Rivera, en nombre del Gobierno, interrogó al Sr. Fuentes Ramírez frente a la presencia de su abogado.
Este error también fue altamente perjudicial y perjudicial para la capacidad del señor Fuentes Ramírez de obtener un juicio justo, porque las declaraciones que presuntamente le hizo a Rivera son la prueba más significativa de que se convirtió o siguió siendo miembro de una conspiración criminal después de 2013. Estos errores fundamentales le negaron al Sr. Fuentes Ramírez un juicio justo.
En consecuencia, el Tribunal debe ordenar un nuevo juicio de conformidad con la Regla 33 sobre todos los cargos de la acusación o, como mínimo, el segundo cargo.
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