EFE.- Honduras entra a la recta final de sus elecciones generales del 30 de noviembre, en un proceso en el que los candidatos de los tres partidos mayoritarios se han dedicado más a desacreditarse, que a presentar propuestas a la población.
La presidencia del país la disputarán Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza de oposición en el Parlamento, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
En la contienda también participarán Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, y Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, ambos minoritarios.
De los diez millones de habitantes que tiene Honduras, más de seis millones podrán ejercer el sufragio y, conquistar su voto, será la tarea que tendrán los principales candidatos en la campaña electoral que oficialmente se iniciará este lunes, 1 de septiembre.
Desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, el país ha venido en un cadena de crisis políticas como la de 2017, cuando Juan Orlando fue reelegido pese a que la Constitución de la República no lo permite bajo ninguna modalidad, y la surgida este año durante el proceso de las elecciones primarias e internas que se celebraron el pasado 9 de marzo, previas a las de noviembre.
La polarización evita escuchar debates
Desacuerdos entre los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) crearon una crisis que pusieron en riesgo todo el proceso, al grado que la titular de ese organismo, Cossette López, advirtió el 10 de julio que las elecciones generales del 30 de noviembre estaban en «grave riesgo» y que el país no podía permitir que la voluntad popular «sea silenciada por la intimidación y el caos».
Las aguas al parecer han vuelto a la normalidad y el cronograma electoral, que fue alterado por la crisis, se ha venido cumpliendo y el pasado viernes el CNE, por unanimidad, le adjudicó al grupo ASD S.A.S, de Colombia, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de las elecciones generales.
Para el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, las crisis son «condicionadas e intencionadas por parte de la elite política del país, de todos los partidos políticos con el objetivo de seguir profundizando la desconfianza en la institucionalidad» y «eso es grave y peligroso para la democracia».
Mejía dijo a EFE que el país «desafortunadamente» sigue viviendo una «polarización que está evitando que podamos escuchar debates de las personas candidatas, sobre todo de quienes tienen posibilidades de ganar y, por otro lado, no estamos escuchando propuestas concretas, ni planes de viabilidad».
«Lo que estamos escuchando son descalificaciones, son insultos, y eso evita entonces que podamos ir de manera consciente a un proceso electoral que ya está cuestionado por esos antecedentes que tienen que ver no solamente con lo que pasó con las elecciones primarias, sino también con esa crisis generada dentro del Consejo Nacional Electoral», subrayó.
Además, recordó que el país arrastra otras crisis como la desaparición de más de un centenar de personas en el decenio de los 80 del siglo pasado, cuando se retornó a la democracia después de casi dos décadas de regímenes militares, aunque con el respaldo de «una élite política» se puso en marcha a punta de fusil «una doctrina de seguridad nacional con graves crímenes».
Las crisis se acumulan porque ninguna se resuelve
Se suman el golpe de Estado de 2009, una elección arbitraria de magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante el primer mandato de Juan Orlando Hernández y su posterior reelección como presidente del país, en 2017.
Mejía considera que la crisis actual no es nueva, como algunos sectores quieren hacer creer y que no tiene ningún vínculo con el pasado reciente del país.
El problema, según el analista, es que en Honduras las crisis se acumulan «porque ninguna se resuelve», y después de todo lo que pasó desde los años 80, tenía que haberse iniciado «un proceso de justicia transicional que implica, por un lado, justicia retributiva, es decir, investigación, judicialización y sanción a quienes cometieron los crímenes, y por otro, justicia restaurativa».
«También es necesario una restauración del tejido social, la polarización que hoy tenemos, la incapacidad para vernos como contrincantes, no como enemigos en un proceso electoral, es resultado de esa acumulación de crisis que no ha sido resuelta, y mientras no se resuelva, creo que las elecciones van a ser simplemente un factor que ayude a acumular todavía mayor crisis a esa que venimos acumulando desde hace tiempo», expresó Mejía.
El 30 de noviembre los hondureños, de los que más del 60 % son pobres, elegirán un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano. EFE
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