Radio América. El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández ha generado en las últimas horas mucha expectativa, por lo que pueda surgir del mismo y a la vez, cierta confusión por el anuncio de si el proceso arranca este 12 de febrero o hasta el 20.
La esposa del exmandatario hondureño, Ana García, indicó en sus redes sociales el fin de semana que el inicio del juicio se reprogramaba para la próxima semana, en ese sentido, se conoció de una fuente que EEUU había aceptado aplazar la sesión pero no incluirlo en la agenda.
Analistas que han dado cobertura a este tipo de casos relacionados a narcotráfico en la nación del norte, estimaban que el juicio comenzaría hoy con la selección del jurado y que las declaraciones de apertura y alegatos (parte toral) a partir del martes 20.
Pero la información que se desprende desde Manhattan esta mañana indica que la selección del jurado compuesto por 12 miembros y tres suplentes se haría en privado y sin acceso a la prensa la semana del 20 de febrero.
La fiscalía del Distrito Sur en una carta al tribunal el mediodía del sábado indicó que para el juicio del expresidente Hernández se requiere de un intervalo de aproximadamente 2 días después de la selección del jurado para las sesiones en el “SCIF”.
Según lo contemplado en el acuerdo de las partes, el Tribunal deberá celebrar una audiencia de conformidad con la Sección 6 (a) de CIPA, es decir, de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada.
Ante estos términos o figuras legales del proceso judicial anglo, Radio América consultó a una profesional del derecho acreditada en EEUU para poder conocer a detalle las aplicaciones de los mismos.
Las sesiones SCIF ¿son una especie de audiencia información clasificada o se puede utilizar por si algún imputado decide negociar su culpabilidad con las autoridades? y ¿cuándo se hace uso de la Ley CIPA?
Audiencia de SCIF
Varias cosas pueden suceder en una reunión de SCIF (pronunciado «skíff»), pero todas gravitan en torno a documentos o información clasificada del gobierno.
La solicitud de la Fiscalía de Nueva York para sesiones en el «SCIF» (Sensitive Compartmented Information Facility) después de la selección del jurado en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández sugiere que se manejará información clasificada durante el proceso.
Un SCIF es una instalación aprobada para manejar información clasificada, donde se pueden discutir o almacenar datos sensibles de manera segura, lejos de la posibilidad de espionaje o divulgación no autorizada.
Esta solicitud podría estar relacionada con varias razones, incluida la presentación de pruebas clasificadas durante el juicio, la preparación de los participantes del juicio para manejar dicha información de manera adecuada, o para otros procedimientos especiales que requieran un entorno seguro para información sensible.
Si bien es posible que la información clasificada se utilice en el contexto de una negociación de culpabilidad, el uso de un SCIF indica principalmente la necesidad de discutir o revisar información especial en un entorno controlado y seguro.
En cuanto a la posibilidad de que un imputado utilice información clasificada para negociar su culpabilidad, esto generalmente requeriría procedimientos específicos y autorizaciones, dado el potencial impacto en la seguridad nacional y la protección de la información sensible.
Las autoridades judiciales y de seguridad nacional evaluarían cuidadosamente cualquier circunstancia que involucre el uso de información clasificada en el marco de un acuerdo de culpabilidad, asegurando que se mantengan las salvaguardas adecuadas.
Entonces , mientras que las sesiones en un SCIF sugieren el manejo de información clasificada, la relación exacta de estas sesiones con potenciales negociaciones de culpabilidad dependerá de los detalles específicos del caso y las estrategias legales de las partes involucradas.
CIPA
La Ley de Procedimientos de Información Clasificada (Classified Information Procedures Act, CIPA) se utiliza en los procedimientos judiciales de Estados Unidos cuando la evidencia implica información clasificada.
CIPA proporciona un marco legal para cómo se puede introducir y manejar dicha información en un juicio sin comprometer la seguridad nacional.
Fue promulgada en 1980 para abordar las preocupaciones sobre la divulgación de información clasificada durante procesos legales y para equilibrar el derecho de un acusado a un juicio justo con la necesidad de proteger la información sensible.
CIPA se utiliza en casos donde tanto la acusación como la defensa podrían tener que revelar, discutir o utilizar información clasificada como parte del proceso judicial. Esto puede incluir desde la fase de descubrimiento hasta el juicio mismo.
La ley establece procedimientos para que los tribunales revisen y determinen la pertinencia de la información clasificada, y cómo se puede sustituir, resumir o utilizar en el juicio sin revelar detalles sensibles al público o a quienes no tienen la autorización necesaria para verla.
Por ejemplo, bajo CIPA, un tribunal puede llevar a cabo audiencias previas al juicio a puerta cerrada (conocidas como «hearings in camera») para discutir la admisibilidad de la información clasificada.
También permite el uso de resúmenes o declaraciones sustitutas de la información clasificada que se considera necesaria para el caso, asegurando que el juicio pueda proceder sin revelar información que podría dañar la seguridad nacional.
CIPA se ha utilizado en una variedad de casos, incluidos los relacionados con el espionaje, el terrorismo, y otros asuntos de seguridad nacional. La ley es crucial para permitir que los procesos judiciales involucren información clasificada de manera que se protejan tanto los intereses de la justicia como la seguridad nacional.
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