Radio América. El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, este martes anunció que este miércoles iniciará la discusión del tercer y último debate a la Ley de Regulación de venta de chip telefónicos, como un instrumento jurÃdico que permita a los operadores de justicia luchar contra la extorsión.
El parlamentario del departamento de Olancho reseñó que la Ley de Escuchas Telefónicas fue aprobada en el año 2011 en el Congreso de la República.
El parlamentario cuestionó que la referida ley ha sido «tergiversada», aunque la normativa persigue la creación de un registro y una base de datos para los hondureños y extranjeros que utilizan la telefonÃa celular en el paÃs.
De tal manera, que la persona que porte un número telefónico de celular pueda ser responsable de lo que desde el aparato móvil se emita.
Según el congresista la ley es para ayudar a controlar y dificultar el acceso de la tecnologÃa celular a las bandas del crimen organizado que cometen el delito de extorsión contra el transporte público de pasajeros y a las micro, pequeña y mediana empresa del paÃs.
Sarmiento, lamentó que algunos diputados han «degenerado el espÃritu de la ley con politiquerÃas» y sin analizar el contexto de la normativa, pese a ser una petición del transporte público que está cansado por el delito de extorsión.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional arguyó que la Ley de Regulación de venta de chip telefónicos es una respuesta al combate de la violencia, a la extorsión y delitos conexos que provocan mucho daño en el paÃs.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, dijo que ellos también discutirán la Ley de Regulación de ventas de chips.
«Estamos dispuestos a crear mecanismos que terminen con la extorsión, siempre y cuando no se vulnere ningún derecho de los hondureños», manifestó el diputado del departamento oriental de El ParaÃso.
Además, consideró que en el artÃculo 23 de la normativa se incluya que el proceso deberá ser a través de una orden de un juez y que también exista un perito para que él decida lo que se está consultando.
Puntualizó que la mencionada ley es para que, cuando alguien quiera extorsionar a una persona, la compañÃa que venda el chip brinde toda la información a la PolicÃa Nacional y al ente investigador competente.
Información: Héctor Murillo
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