Radio América. La Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), este jueves se unió a la petición de varios sectores para exigir al Congreso Nacional que proceda a la derogación inmediata de la Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleos (ZEDE), porque viola la soberanía del territorio hondureño.
Pronunciamiento
1. La Ley ZEDE es inconstitucional porque otorga facultades a particulares a través de un Comité para la Adopción de Buenas Prácticas, cuya competencia, conforme a la Constitución, corresponde al Poder Legislativo, violentando consigo el principio de aplicación territorial de la Ley nacional, porque vulnera los artículos 30, 40, numeral 1, y 107 de la Constitución de la República, al vender parte del territorio a extranjeros.
2. Otros artículos constitucionales violentados son los 294, 304 y 329. Al acomodar el marco legal para beneficiar a una minoría, esto compromete el principio de soberanía popular garantizado en el Artículo 2 de la Constitución de la República, porque las ZEDE tienen su propio régimen especial con personalidad jurídica, y están sujetas a un sistema fiscal particular que les permite gozar de autonomía funcional y administrativa, aun cuando estas funciones son facultad de las municipalidades, según la Constitución y demás Leyes.
3. Ante la magnitud del daño provoca a la soberanía popular y la integridad territorial, para establecer las ZEDES, se deben derogar los decretos que dieron vía libre a la creación de estas zonas inconstitucionales.
4. Solucionar este problema, corresponde a quienes lo generaron, por lo tanto, como Red, nos unimos a la petición unánime de la ciudadanía, para exigir al Congreso Nacional de la República que proceda a la derogación inmediata de la Ley que crea las ZEDE.
5. Tal y como han expresado diversos sectores, Honduras es de y para los hondureños; la patria no se alquila, ni se vende, y, ninguna oferta de empleo y desarrollo económico, puede tener como condición, renunciar a la independencia, la libertad, la soberanía territorial y silenciar la voz del pueblo, que es el único soberano; hacer lo contrario, es violentar la Carta Magna. La suplantación de la soberanía popular y la suplantación de los poderes constituidos, se tipifican como delitos de traición a la patria. Como ciudadanas y ciudadanos radicados en esta región, demandamos a los diputados de Choluteca y Valle, que presenten urgentemente en la asamblea legislativa, la abrogación de la Ley que crea las ZEDE.
Defender nuestro territorio y soberanía es nuestro derecho, ¡*NO a las ZEDES!
Artículos de la Constitución de la República mencionado en el pronunciamiento que violentan la soberanía y los derechos de la población hondureña
ARTICULO 30. Los extranjeros están obligados desde su ingreso al territorio nacional a respetar las autoridades y a cumplir las leyes.
ARTICULO 40. Son deberes del ciudadano:
1) Cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes;
ARTICULO 107. Los terrenos del Estado, ejidales comunales o de propiedad privada situados en la zona limítrofe a los estados vecinos, o en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, solo podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por las instituciones del Estado bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato.
La adquisición de bienes urbanos comprendidos en los límites indicados en el párrafo anterior, será́ objeto de una legislación especial.
ARTICULO 294. El territorio nacional se dividirá́ en departamentos. Su creación y límites será́ decretados por el Congreso Nacional.
ARTICULO 304. Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción.
ARTICULO 329. El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará́ sujeto a una planificación adecuada. La Ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas.
Información: Javier Rivera
