RADIO AMÉRICA. El regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, indultado en EE.UU. de una condena a 45 años por narcotráfico, y acusado en su país de fraude y lavado, representa un desafío para las instituciones hondureñas, que deberán demostrar si la justicia se aplica sin privilegios, afirmó este jueves la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos.
«El problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo», subrayó Castellanos en un video divulgado en sus redes sociales.
Hernández anunció el pasado día 5 que regresará el 26 de julio a Honduras, retorno que se produce después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional, tras aceptar una solicitud de presentación voluntaria planteada por su defensa.
La funcionaria reconoció que Hernández tiene derecho al debido proceso, pero advirtió que su regreso debe verse como una prueba para las instituciones.
«Su regreso no será una victoria, será un examen. Y no para usted, sino para el sistema de justicia hondureño», enfatizó Castellanos, quien indicó que el exmandatario conoce “mejor que nadie” el funcionamiento del sistema hondureño, porque «lo dirigió» y «lo utilizó», y ahora lo vuelve a “poner a prueba”.
También cuestionó que en Honduras persista una percepción de trato diferenciado hacia personas vinculadas con el poder político.
«Un sistema capaz de olvidar muy rápido cuando el investigado pertenece a la clase política. Capaz de actuar con una velocidad que miles de hondureños jamás conocerán. Incluso capaz de suspender órdenes de captura como resultado de un privilegio reservado solo para quienes parecen intocables», expresó.
Añadió que el regreso de Hernández «no borra» los cuestionamientos acumulados durante sus dos mandatos (2014-2022), incluidas investigaciones por corrupción y su «reelección ilegal».
“Tampoco borra las investigaciones, las denuncias y, sobre todo, la responsabilidad política de haber dirigido un gobierno marcado por la corrupción”, sostuvo.
Castellanos recordó que el CNA cuestionó durante años el manejo de recursos públicos y señaló que sigue sin aclararse el destino de fondos investigados.
«¿Dónde está el dinero? Hoy, esa interrogante continúa siendo la misma, porque mientras el dinero sigue sin aparecer, la impunidad nunca salió del país», agregó.
La titular del CNA dijo que el desafío tras el retorno de Hernández radica en las «estructuras de impunidad» que, a su juicio, permitieron actos de corrupción durante sus dos mandatos y que aún encuentran «espacio» en las instituciones estatales.
«La pregunta ya no es qué hará Juan Orlando Hernández. La pregunta es otra: si cualquier otro ciudadano hubiera estado en la misma situación, habría recibido exactamente el mismo trato», manifestó.
Castellanos señaló que, a partir de ahora, el sistema de justicia y el aparato estatal estarán bajo observación para demostrar «si la ley se aplica con la misma firmeza para todos».
«La historia no recordará únicamente el regreso de un expresidente, recordará qué hicieron las instituciones cuando tuvieron la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la ley», concluyó. EFE
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