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¿Se preparan los fiscales estadounidenses para enjuiciar al presidente de Honduras?
En un mensaje de audio dirigido a sus partidarios el martes por la noche, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sonaba como un hombre derrotado.
«Me resulta increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma», dijo con voz dolida.
Hablaba horas después de que su hermano, Tony Hernández, fuera condenado a cadena perpetua por introducir 185 toneladas de cocaína en Estados Unidos en una amplia conspiración.
El presidente Hernández podría ser el siguiente en caer después de ser nombrado en el caso de sus hermanos, y al menos en otros dos, como coconspirador.
Aunque no ha sido acusado formalmente, las pruebas presentadas hasta ahora en el tribunal parecen incriminarlo en gran medida, dicen algunos expertos. «Si Juan Orlando Hernández fuera juzgado hoy, obtendrían una condena», dijo el ex-agente de la DEA, Mike Vigil, quien sigue el caso de cerca.
La DEA y la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York declinaron hacer comentarios sobre lo que dicen es una investigación en curso.
El presidente Hernández se declara inocente y afirma que los narcotraficantes han tratado de vincularlo a actividades ilegales en beneficio propio para obtener reducciones en sus propias sentencias. También afirma que desde su elección en 2014, el narcotráfico en Honduras se ha reducido en un 95%, citando cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pero los expertos dicen que las cifras no ofrecen una imagen precisa, ya que se basan en las incautaciones de drogas que son muy imprecisos. Estados Unidos estima que aproximadamente el 4%, o 120 toneladas métricas, de los envíos de cocaína procedentes de Sudamérica hicieron una primera parada por aire o por mar en Honduras en 2019, lo que supone un descenso con respecto a hace unos años, según el informe anual de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos para 2020.
El informe señaló que «se evalúa que son más los que han transitado por Honduras por vía terrestre después de hacer una primera llegada a otros países.» También añadía: «la corrupción está generalizada en las instituciones privadas y públicas».
Pero las grabaciones están abiertas a la interpretación y podrían ser un arma de doble filo. La persona que grabó las cintas – el narcotraficante Devis Leonel Rivera – ya ha hecho alegaciones contra Hernández en el tribunal en Nueva York.
Falta de cooperación
Los fiscales federales estadounidenses también se han quejado de que el gobierno de Hernández no ha cooperado con las solicitudes de extradición de algunas figuras clave en el caso contra él y su hermano.
«Muchos de los coconspiradores del acusado (Tony Hernández) que están acusados públicamente, permanecen en Honduras y no pasa nada con ellos. Se han enviado solicitudes de extradición. No han sido atendidas», dijo uno de los fiscales, Matthew Laroche, durante la sentencia del martes.
Dijo que la sentencia de cadena perpetua «resonaría significativamente con los funcionarios en Honduras, que todavía están en Honduras, que están involucrados en estos crímenes».
Dilema para Biden
El caso legal contra el presidente Hernández deja a los funcionarios estadounidenses en un dilema mientras buscan detener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur. A diferencia de Donald Trump, que hizo de Hernández un aliado en su política de inmigración de ‘tolerancia cero’, la administración de Biden ha adoptado una posición más dura contra la corrupción pública para reforzar la democracia en la región.
La vicepresidenta Kamala Harris ha sido encargada de hablar con los presidentes de los países del ‘Triángulo Norte’, Guatemala, El Salvador y Honduras, pero no está claro si llamará a Hernández.
«Ellos (los funcionarios estadounidenses) están trabajando duro para no darle a Juan Orlando ningún salvavidas. Se está teniendo mucho cuidado en señalar que Estados Unidos no va a rescatarlo … de ninguna manera», dijo Eric Olson, un veterano analista de América Central con el Seattle International Foundation.
Es poco probable que Estados Unidos intente procesar a Hernández este año, respetando una costumbre de no acusar a jefes de Estado extranjeros mientras están en el cargo.
Sin embargo, Hernández podría ser susceptible de ser enjuiciado, y extraditado a Estados Unidos, después de dejar el cargo en enero de 2022. Pero los expertos dicen que ha consolidado el poder en Honduras y el gobernante Partido Nacional es el favorito para ganar las elecciones en noviembre. Algunos expertos dicen que Hernández también pueda organizar un impulso legislativo para revocar la ley de extradición del país de 2012.
«Retroceder con el tema de la extradición sería muy malo para Honduras … como país debemos terminar lo que empezamos», dice un ex aliado de Hernández. «Así que Honduras debe avanzar mucho más en limpiar el país del narcotráfico y la corrupción», añadió.
Si Juan Orlando Hernández se enfrenta alguna vez a un juicio, aquí están las pruebas potencialmente más significativas contra él:
Tony Hernández facilitó sobornos de narcotraficantes a su hermano Juan Orlando, incluido un millón de dólares del antiguo jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán durante la campaña presidencial de 2013, según un testigo.
Un ex alcalde del Partido Nacional y narcotraficante confeso, Alexander Ardón, declaró que fue testigo de cómo Tony Hernández recibió el dinero de El Chapo en su casa en el pueblo de El Paraíso, cerca de la frontera con Guatemala, en paquetes de 50,000 y 100,000 dólares en bolsas plásticas.
Hay otros supuestos testigos del soborno, los primos guatemaltecos Otto y Ronald Salguero, que están preparados para rebatir el testimonio de Ardón, según los abogados de la defensa. Los Salgueros están bajo custodia en Estados Unidos a la espera de juicio y no están cooperando con los fiscales.
El abogado de El Chapo dijo a Univision que no tenía conocimiento del soborno.
Tony Hernández, uno de los hermanos menores de Juan Orlando, fue condenado el 30 de marzo a cadena perpetua por traficar 185 toneladas de cocaína.
Según los fiscales, Juan Orlando estaba cumpliendo su segundo mandato en el Congreso en 2004 cuando Tony Hernández empezó a trabajar con los narcotraficantes, proporcionando información sobre los controles policiales y los radares de tráfico aéreo.
Para cuando un golpe de Estado en 2009 llevó a un cambio en el control del gobierno al Partido Nacional de Hernández, Tony se había convertido en un proveedor de cocaína, con un laboratorio en Colombia que aparentemente sellaba algunos de los kilos con sus iniciales: TH.
Mientras hacía campaña para un escaño en el congreso hondureño en 2013, Hernández «ayudó al Cártel de Sinaloa a operar, en esencia, como un comité de acción política criminal encubierto», en apoyo de su hermano, que entonces era candidato a la presidencia, según un documento judicial.
«El acusado era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el Estado», añadieron los fiscales.
Devis Leonel Rivera era un poderoso exnarcotraficante hondureño que se entregó a la DEA en 2015. Ha admitido 78 asesinatos y el contrabando de más de 100 toneladas de cocaína.
En los tribunales, ha confesado haber realizado sobornos por millones de dólares a políticos de alto nivel, incluidos 250.000 dólares pagados al presidente Hernández.
Testificó que el soborno se pagó a la hermana y asesora cercana de Hernández, Hilda Hernández, en 2012, para asegurar «protección para que no fuéramos arrestados… y para que mi hermano y yo no fuéramos extraditados.»
Geovanny Fuentes fue condenado en una corte federal en Nueva York en marzo de 2021 por asociarse con el presidente Hernández para inundar los Estados Unidos con drogas. «Vamos a meter las drogas en las narices de los gringos», le dijo supuestamente Hernández.
Fuentes operaba un laboratorio de cocaína en el norte de Honduras y también se alega que pagó a Hernández un soborno de 25.000 dólares por protección. Un contador testificó sobre el soborno en el juicio de Fuentes.
El contable es un testigo protegido de la fiscalía y no esta acusado de participar en actos ilícitos. Podría ser llamado a dar su testimonio en contra de Hernández, algo que rompería el discurso del mandatario que todas las acusaciones vienen de narcos y asesinos confesos que buscan reducir sus penas.
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El narcotraficante confeso Víctor Hugo Díaz Morales, alias ‘El Rojo’, testificó que en 2009 ‘Tony’ Hernández le pidió pagar 100,000 dólares para financiar las campañas electorales del aspirante a presidente, Porfirio Lobo, y el entonces congresista, y futuro presidente, Juan Orlando Hernandez.
En una fiesta de cumpleaños para ‘Tony’ Hernández en junio de 2010, Díaz Morales dijo que el anfitrión le confió que su hermano, Juan Orlando, iba a ser el próximo presidente de Honduras en 2014. Indicó además que ‘Tony’ Hernández le confió que cuando eso ocurra: «habría pleno poder y ningún problema con el tráfico de drogas en Honduras».
El narcotraficante confeso y exalcalde Alexander Ardón, testificó que se reunió varias veces con el entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández para discutir el financiamiento de sus campañas electorales con dinero del narcotráfico. El alcalde dijo que gastó $1.6 millones en la exitosa campaña de Hernández. «Ese dinero salió de las ganancias del narcotráfico», dijo al tribunal.
También fue testigo del supuesto pago en su casa en 2013 de un millón de dólares en efectivo de El Chapo.
Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido com ‘El Tigre’, es el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras. Fue acusado en un tribunal federal de Nueva York en marzo de 2020 de abusar presuntamente de sus cargos en las fuerzas del orden hondureñas para burlar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de tráfico de drogas.
Según se alega, «en nombre del ex congresista hondureño condenado Tony Hernández y de su hermano el presidente, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de varias toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otro armamento para lograrlo y participó en actos de extrema violencia, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración», dijeron los fiscales.
Mario Jose Calix, alias ‘Cubeta’, es proprietario de un hotel en el pueblo natal de Juan Orlando Hernandez. Nacido y criado en Gracias, Lempira, Calix fue vicealcalde del pueblo entre 2010 y 2014. Su familia es propietaria de un atractivo hotel local, la Finca del Capitán. Según una entrevista de la DEA con Tony Hernández, era un secreto a voces que Calix era un narcotraficante.
Fue acusado de cargos de narcotráfico por el Distrito Sur de Nueva York el 23 de enero de 2019, y es coacusado en el caso de Tony Hernández. A pesar de una orden de extradición, no ha sido capturado hasta el momento.
Los fiscales federales estadounidenses se han quejado de que el gobierno de Hernández no ha cooperado con las solicitudes de extradición de algunas figuras clave en el caso contra él y su hermano.
Nery López Sanabria fue capturado en junio de 2018 con casi 200.000 dólares en efectivo, armas y numerosos supuestos libros de contabilidad de drogas que implicaron a Tony y Juan Orlando Hernández. Fueron presentados en la corte por los fiscales como evidencia contra Tony Hernández por los fiscales.
López nunca testificó en el juicio ya que fue encarcelado en Honduras. Sin embargo, había estado en conversaciones con la DEA durante varios meses.
Fue asesinado el 26 de octubre, ocho días después de que el jurado declarara culpable a Tony Hernández en Nueva York.
El clan Valle Valle era uno de los mayores cárteles de la droga en Honduras antes de su detención y extradición en 2014. Miguel Valle Valle se reunió supuestamente con el entonces diputado Juan Orlando Hernández en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010.
Presuntamente estuvieron presentes en una de las supuestas reuniones entre Tony Hernández y El Chapo en 2013 donde se habló del soborno de un millón de dólares. Otras fuentes dicen que también pagaron sobornos al presidente Hernández que aún no han sido revelados públicamente en ningún juicio.
