Los recientes hallazgos de al menos catorce personas asesinadas y envueltas en plástico en Honduras reflejan el recrudecimiento de la violencia en el país, donde las autoridades atribuyen la mayoría de estos crímenes a hechos relacionados con las pandillas y el crimen organizado.
Catorce personas, entre ellos un menor de 14 años, han sido asesinadas en Honduras en los primeros doce días de enero en hechos que tienen en común que las víctimas han sido halladas envueltas en embalaje de plástico.
A un costado de cada cuerpo, escrito en un cartón, fue encontrado el siguiente mensaje: «Extorsionadores.Punto y com@».
Las muertes violentas han sido atribuidas a las pandillas, conocidas como maras, que pelean territorios para la venta de drogas.
«Este tipo de homicidios no es nuevo, indudablemente la cantidad de personas que han aparecido (muertas) es lo que nos está llamando la atención», señaló el portavoz de la Policía hondureña, Jair Meza.
Según las primeras investigaciones, añadió, «estructuras criminales de maras y pandillas están detrás de este tipo de crímenes, por peleas internas o con otro tipo de estructuras».
Meza indicó que equipos de investigación analizan si los asesinatos tienen «alguna relación en común», pero hasta ahora «no se ha podido establecer si ay algún tipo de mensaje entre las escenas».
Señaló que el mensaje escrito hallado junto a los cadáveres es «una manera de poder disuadir esa parte investigativa» de los hechos criminales.
«Estamos para trabajar con nuestras comunidades y para que estos crímenes no queden impunes, esa es nuestra misión», subrayó el portavoz policial.
VIOLENCIA SE RECRUDECE
Los primeros dos cuerpos «empaquetados» fueron hallados el 3 de enero en un populoso barrio de San Pedro Sula, norte el país, escena que se repitió los siguientes días en Tegucigalpa, Tela, Choloma y Trinidad, en el centro, caribe, norte y occidente de Honduras.
Este tipo de asesinatos han «sido muy notorios» en lo que va de 2021 y «agrava la situación de violencia y criminalidad en el país», dijo a Efe la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas.
«Es realmente una preocupación que en trece días (de enero) vayan catorce personas (asesinadas) halladas en sacos, bolsas, por lo que uno se pregunta: qué está pasando», señaló.
Los crímenes, según la experta, «desnudan el grave problema de la inseguridad y la impunidad, porque cuando no se investigan los hechos y no es establecen los responsables».
En su opinión, los asesinatos podrían estar relacionados con personas que ha decidido «tomarse la justicia por su mano o crímenes selectivos».
LOS JÓVENES, PRINCIPALES VÍCTIMAS
En todo este entramado, las personas jóvenes son la población más afectada por la violencia causada por el crimen organizado y las pandillas, añadió.
«El principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia es ser joven menor de 30 años en este país», subrayó Ayestas.
Un informe de la ONG Casa Alianza corrobora esa apreciación pues solo en noviembre pasado se contabilizaron 62 homicidios de personas menores de 23 años, muchos de ellos niños.
INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES
El estatal Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras lamentó hoy que este tipo de asesinatos ocurran en el país e instó a las autoridades encargadas de la seguridad y operadores de justicia a que «actúen con prontitud y debida diligencia para esclarecer estas muertes violentas e identificar, enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales».
Estas muertes tienen «alarmada» a la población hondureña, subrayó el organismo de derechos humanos, que hizo un llamado para que se respete lo establecido en el artículo 59 de la Constitución de Honduras, que señala que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”.
El país centroamericano registró en 2020 al menos 3.482 homicidios, cifras que evidencian «los altos índices de violencia e impunidad en Honduras, particularmente en casos de violaciones al derecho a la vida, situación que frustra las expectativas y oportunidades de justicia y desarrollo en el país», añadió.
El Estado tiene la «responsabilidad a través de las instituciones de seguridad responsables de garantizar de prevenir, disuadir controlar y combatir toda clase de delitos, faltas o infracciones, así como mantener y restablecer la paz interna, la tranquilidad, el orden público, la seguridad con base en el respeto de los derechos humanos», enfatizó el Comisionado de Derechos Humanos.
La violencia causada por el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas es uno de los principales problemas que azota a la nación centroamericana, con 9,3 millones de habitantes, la mayoría pobres. EFE
