El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) imputó este miércoles a un nuevo diputado opositor, elevando a 15 el número de legisladores procesados por un fallido levantamiento militar contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de abril.
El TSJ, de línea oficialista, responsabilizó al diputado Rafael Guzmán de «la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil», entre otros, según un comunicado.
La máxima corte solicitó a la chavista Asamblea Constituyente, que rige al país con poderes absolutos, despojar al congresista de su inmunidad, lo que ya hizo con los otros diputados señalados de participar en la rebelión.
«Con una sentencia ilegal de este TSJ ilegítimo, Maduro continúa en su objetivo de persecución y destrucción de la Asamblea Nacional, pero ningún tribunal de la vergüenza podrá quitarnos la fuerza que nos da el voto de nuestra gente», reaccionó en Twitter el parlamentario.
Guzmán, cuyo paradero se desconoce, afirmó además que los congresistas «seguirán en la lucha» para lograr el «cambio político».
«Maduro y su cúpula hoy no perdonan que desde la Comisión de Finanzas hayamos develado cada una de las mentiras y fracasos económicos del régimen usurpador», subrayó, en referencia a la crisis socioeconómica en Venezuela, la peor de su historia reciente.
El alzamiento de un pequeño grupo de militares liderados por Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino por medio centenar de países, no logró quebrar el apoyo de la Fuerza Armada a Maduro.
La decisión del TSJ ocurre en momentos en que delegados de Guaidó y de Maduro mantienen contactos en Oslo bajo mediación de Noruega, para intentar buscar una salida a la pugna por el poder que ambos líderes mantienen desde hace cuatro meses.
De los diputados imputados, el vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, fue arrestado y los demás se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron del país o se encuentran en la clandestinidad.
Guaidó ha denunciado esta ofensiva como un intento de «desmontar» el Parlamento, único poder controlado por la oposición, pero anulado por una decisión del máximo tribunal y sustituido en la práctica por la Constituyente.
Aunque el líder opositor fue también despojado de su inmunidad anteriormente, no ha sido acusado judicialmente por la sublevación.
Estados Unidos, el mayor aliado internacional de Guaidó que mantiene sanciones contra Venezuela y no descarta una opción militar, ha advertido que detenerlo sería «el último error de la dictadura de Maduro».
mbj/du/yow
