Radio América. El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, afirmó esta mañana de miércoles que siempre se opusieron a que los funcionarios de gobierno realicen compras directas.
Múltiples cuestionamientos ha generado el artículo 289 del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2023 que autoriza a los funcionarios de gobierno realizar compras y contrataciones directas.
El 289 cita que con base a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, se autoriza a las secretarías de Estado, desconcentradas y descentralizadas, para que, en el ejercicio de sus facultades pueda contratar utilizando la modalidad de contratación directa.
Esto bajo procedimiento especial, sin que esta requiera de la autorización de la presidenta de la República.
Orellana dijo que en un presupuesto de miles de millones de lempiras, no es correcta la realización de compras directas y “a eso es a lo que nos oponemos”.
El funcionario de gobierno dijo que es una locura el pretender aprobar que todas las secretarías de Estado puedan contratar directamente.
“Nosotros nos habíamos opuesto en dos oportunidades; habíamos emitido dictámenes que estábamos en contra de las reuniones que hubo con Finanzas y no podríamos estar a favor de una propuesta como esta”, añadió.
Por su parte, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, pide que se establezcan límites porque no se puede dejar que ninguna compra se haga a través de la contratación directa.
Además, criticó que en las anteriores administraciones no hayan realizado ni una tan sola licitación, refiriéndose a las dos administraciones del expresidente Juan Orlando Hernández y la de Porfirio Lobo Sosa.
Finalmente, señaló que Casa Presidencial ha manejado discrecionalmente los miles de millones de lempiras que se le asignan.
Con información de Ricardo Castillo
