Radio América. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional declaró no ha lugar la solicitud de cambio de medidas para el capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, a quienes se les supone responsables del delito de lavado de activos.
La portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, dijo que el médico forense que revisó a los acusados ha indicado que pese a que tienen enfermedades de base, pueden ser controladas en el centro penal donde están recluidos.
Por otra parte, detalló que en la audiencia de proposición de medios de prueba se han admitido el 95% de los medios de prueba presentados por las partes.
Medios de prueba que se evacuarán durante el desarrollo del juicio oral y público y con los cuales el ente acusador del Estado pretende quebrantar el estado de inocencia de los tres implicados, mientras que la defensa técnica con los medios de prueba presentados y admitidos pretende desacreditar las acusaciones presentadas por la parte acusadora.
Villars declaró que todavía no hay fecha de juicio oral y público debido a que un perito que será presentado por parte del Ministerio Público tiene que estar presente en otra audiencia, pero que en los próximos días se determinará la fecha del mismo, que tentativamente podría dar inicio en 2023.
A los tres encausados, en noviembre del año anterior la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) les dio captura mediante la ejecución de nueve allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá, donde además se aseguraron 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
De acuerdo a las investigaciones, Santos Orellana realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero u droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Asimismo, en escuchas telefónicas se comprobó que este negociaba entregas de drogas luego que era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra, según la investigación.
De acuerdo al análisis financiero, durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras.
Sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Con información de Estela Rovelo
