Radio América. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió en las últimas horas al Ministerio Público un nuevo informe relacionado a las cuestionadas acciones de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), la oficina de compras del Estado.
El reciente escrito contiene «indicios de responsabilidad penal» en seis hechos detectados en compras y contrataciones ejecutadas por Invest-H durante la emergencia sanitaria nacional por el Covid-19.
El informe refiere en primer lugar a “irregularidades” en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento.
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) REMITE AL MINISTERIO PÚBLICO NUEVO INFORME SOBRE SEIS HECHOS CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL EN COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS POR INVEST-H @MP_Honduras https://t.co/hNVqw9Pvx7 pic.twitter.com/YTE05Fy7wU
— TSC Honduras (@TSCHonduras) October 14, 2020
En segundo punto señala “inconsistencias” en la adquisición de ventiladores mecánicos y anomalías en el proceso de compra de 250,000 pruebas para covid-19 las que además “se dañaron por mal manejo”.
El TSC señala de igual forma la contratación de una empresa familiar del Director Ejecutivo de Invest-H, Marco Bográn.
El ente contralor del Estado precisa a la vez sobre inconsistencias encontradas en la compra de mascarillas y denuncia además que el Consejo Directivo de Invest-H “no intervino oportunamente” en las compras realizadas.
La denuncia, precisó el organismo este miércoles, se enmarca en el informe especial No. 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-B.
Del análisis de las pruebas recabadas el TSC encontró méritos suficientes para remitir un nuevo informe al MP, por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan.
A dicho informe lo acompañó el oficio dirigido al fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, en el cual se pide proceder a realizar las acciones correspondientes.
El comunicado señala que existen indicios de responsabilidad penal relacionados a la adquisición de 7 hospitales móviles (3 de 91 camas y 4 de 51) y siete plantas de tratamiento de desechos médicos, compra de insumos de bioseguridad personal y equipo biomédico, así como la supervisión de planteles donde se instalarían dichos hospitales, entre otros.
El escrito explica que “la Dirección Ejecutiva de Invest-Honduras, sin consultar a su Consejo Directivo como máxima autoridad y este Consejo sin ejercer las obligaciones que manda la Ley de la Cuenta del Milenio en base a ser su máxima autoridad, realizó en amparo a la emergencia sanitaria nacional desembolsos por valor de 60,757,587.50 dólares, más 21,535,986.76 lempiras”.
Identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe, perjuicios a la salud y la economía del país, ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el Covid-19, impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada.
«El presente informe integral reviste características de solidez y profesionalismo, contiene elementos para acreditar la existencia de indicios de responsabilidad penal, mismo que servirá de soporte al MP para el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales», detalla el TSC.
Menciona que las diligencias realizadas incluyen inspecciones y revisión documental obtenida en Invest-H, Salud y por asistencia internacional gestionada a través de la Cancillería de la República, a fin de constatar cada uno de los hechos identificados.
Asimismo manifiesta que «la amplia auditoría especial» en Invest-H continúa, los informes se notificarán en la medida del avance de las acciones de fiscalización.
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