Radio América. El abogado Jaime Rodríguez, defensor de dos de los 14 imputados en la red de corrupción en el Congreso Nacional presentada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), anunció que solicitará una presentación voluntaria para evitar se libre orden de captura contra sus defendidos.
El experto en leyes dijo que con tal solicitud buscan evitar lo que tanto le gusta a la Uferco, exhibir a los imputados quienes después salen absueltos de todo tipo de responsabilidad.
Mencionó que la ventaja que existe es que cuando los expedientes son tratados y conocidos por jueces naturales no existe esa rapidez que normalmente suele verse en los juzgados en materia de corrupción.
La Uferco presentó un requerimiento fiscal contra un diputado, cuatro excongresistas, dos representantes legales y dos contadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y cinco particulares.
Se trata del actual diputado Alberto Chedrani Castañeda y de los exparlamentarios José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino a quienes se les vincula a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional.
Las imputaciones contra Chedrani Castañeda y León Rojas son por fraude y lavado de activos y en el caso de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino por fraude.
Rodríguez aseguró que la Uferco tendrá otro revés porque aseveró que en la audiencia inicial no podrá sustentar los cargos.
Aclaró que sus clientes no son acusados de lavado de activos, sin embargo, manifestó que no se puede hablar de este delito cuando el dinero que supuestamente se ha sustraído es del Estado.
“Por la narración general de los hechos puedo asegurar que lavado de activos no puede haber; no puede decirse que el dinero proveniente del Estado es sucio. En segundo lugar, hay leyes y decretos que se deben respetar, por ejemplo, el 116-2019 en donde se establecía que en casos de empleados y funcionarios y donde se hablase de apropiación indebida se debía de forma obligatoria conocer por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”, amplió.
Indicó que así como ese hay otro conjunto de leyes que están siendo analizas y que en la audiencia inicial la Fiscalía quedará mal.
A criterio del experto en leyes esta acción es parte de la política y del “premio” que le dieron al jefe de la Uferco Luis Javier Santos al nombrar a su esposa en un cargo que no precisó.
A cambio de eso aseveró que le pidieron al fiscal que procediera contra funcionarios, diputados y exdiputados del partido de oposición.
Persecución política
El abogado dijo que en muchos casos sí hay un grado de persecución porque normalmente los desaciertos que tiene esta administración se los atribuyen al gobierno anterior.
«La pregunta es, para qué decidieron postularse a la Presidencia de la República si no son capaces de arreglar los problemas, porque no era nada nuevo que la situación de Honduras era complicada», arguyó.
Por otra parte, demandó se investiguen también los actos de corrupción cometidos durante la administración de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), aunque recordó la amnistía política que se aprobó este año para “favorecer” a personas condenadas.
No obstante, afirmó que las actuales autoridades jamás van a investigar un hecho u acto de corrupción cometido en la gestión de Zelaya Rosales.
Con información de Estela Rovelo
