Radio América. El abogado José Antonio Martínez, exhortó este sábado a los diputados de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y Edgardo Casaña, renunciar a sus cargos dentro del Congreso Nacional, esto luego de salir mencionados en la Lista Engel.
En la nueva Lista Engel figuran 15 hondureños, entre ellos el asesor presidencial Enrique Flores Lanza y los vicepresidentes del Legislativo, Rasel Tomé y Edgardo Casaña.
Según Martínez, la actualización de la Lista Engel puede ser una traba para la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Por otro lado, consideró que podría generar una serie de problemas en cuanto a los recursos que tiene destinado desembolsar Estados Unidos en Honduras, porque atacar la corrupción era una condicionante.
El gobierno de Honduras expresó su rechazo categórico a la Lista Engel al considerar que es un documento motivado políticamente e injerencista.
El experto en leyes dijo que con esa posición se ve un doble discurso y moral que viene a socavar los cimientos de la democracia y el Estado de derecho porque Libre estuvo pregonando la transparencia y lucha contra la corrupción.
Por lo que cree que “por honor y prestigio ellos -Tomé y Casaña- deberían renunciar, de no hacerlo queda allanado el camino para que se les haga un juicio político”.
En el caso del asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, indicó que es un caso juzgado porque se amparó en la amnistía política, pero el de los dos vicepresidentes del Congreso Nacional no.
De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, Edgardo Casaña se dedicó a corrupción significativa al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) para destinar más de 5 millones de dólares en beneficios a aliados políticos y constituyentes, con el fin de asegurar los votos y mantener el poder político.
Por su parte, se señala que Rasel Tomé participó en importantes actos de corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para apropiarse indebidamente de aproximadamente 327 mil dólares de fondos públicos.
Con información de Estela Rovelo