Radio América. Según el defensor de Derechos Humanos, Carlos del Cid, el Estado de Honduras puede ser demandado por haber comprado mascarillas que no eran para uso médico, lo que ha cobrado la vida del personal de salud.
El pasado lunes 06 de julio el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó su séptimo informe denominado “Corrupción en tiempos de COVID-19”, en donde se denuncia a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), por la compra de mascarillas N-95 cuyos fabricantes no las recomiendan para el uso médico pues no están certificadas para proteger del COVID-19.
“Estamos casi convencidos que la muerte del personal del salud fue producto del uso de esas mascarillas”, dijo del Cid.
El defensor de los Derechos Humanos considera que el personal de salud confió que ese equipo de bioseguridad les protegía contra el COVID-19, sin embargo, nunca fue así y este error ya cobró la vida de galenos, enfermeras y microbiólogos en el país.
“Tenemos frente a nosotros un Estado que puede ser acusado por parientes de estas personas por faltar a los deberes de los funcionarios públicos, no puede ser que los funcionarios teniendo el recurso económico no hicieron las compras debidas o no quisieron dar a conocer que esas mascarillas no eran las adecuadas; esto es responsabilidad de Copeco, la Secretaría de Salud e Invest-H y del Estado de Honduras que permitió esta acción criminal”, condenó del Cid.
Con información de Douglas Varela
