Radio América. Este martes ha trascendido la muerte de un privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, por causas relacionadas al coronavirus.
Sin embargo las autoridades penitenciarias estarían solicitando a la Secretaría de Salud una investigación del caso para reconfirmar los resultados de la prueba laboratorial conocidos hasta ayer (lunes).
La víctima se trata de un hombre de 52 años de edad que se encontraba recluido en el penal conocido como «El Pozo I», ubicado en el occidente del país.
De acuerdo a la información de la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, el interno falleció el pasado 20 de abril tras presentar repentinas complicaciones en su salud.
“El Instituto Nacional Penitenciario solicitará a la Secretaría de Salud una investigación sobre el mismo debido a que esta persona no presentó síntomas de COVID-19, ni gripe ni tos”, indicó.
Aguilar detalló que el día del fallecimiento en los videos de seguridad se observó a un grupo de internos reunidos en una de las áreas viendo televisión.
De pronto el reo comenzó a presentar molestias en su salud siendo auxiliado por sus compañeros de celda quienes le trasladaron hacia una clínica de la prisión en donde llegó sin signos vitales.
Tras su deceso registrado a eso de las 9:50 de la noche el personal de Medicina Forense se hizo presente al lugar para el respectivo levantamiento cadavérico, siendo las 8:30 del día siguiente, detalló la vocera.
No obstante los exámenes para verificar la presencia del virus habrían sido realizadas tres días después de su muerte, dijo. “La prueba la realizaron el 23 de abril y hasta ayer dieron el resultado”, agregó.
En ese sentido la información ha comenzado a causar revuelo, principalmente en las redes sociales, pues surgen dudas en el marco de la emergencia sanitaria de estarse gestando una campaña para la liberación de presos en el país y el desvío de temas relacionados a la corrupción en compras.
En vista de lo acontecido la portavoz del INP asegura que la población penitenciaria en dicho centro no ha sostenido “ningún contacto” con personas externas al establecimiento.
Pues desde el pasado 13 de marzo, dos días antes de decretarse el toque de queda, el Instituto Nacional Penitenciario determinó suspender las visitas a los distintos centros carcelarios del país atendiendo las medidas de contención de las autoridades para evitar la propagación del coronavirus.
Aguilar comentó que tras la notificación se ha procedido a evaluar clínicamente al personal del módulo.
A la fecha “ninguno ha presentado gripe ni tos y están sorprendidos que su compañero haya muerto por COVID-19”, apuntó la portavoz en medio del confuso acontecimiento.
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