Radio América. Ante las reformas al nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley contra el Lavado de Activos aprobadas por el Congreso Nacional que, según varios sectores con eso «limitan» la investigación contra delitos de corrupción, la abogada Maribel Espinoza, manifestó que «la función legislativa ha sido totalmente prostituida en Honduras».
En ese contexto la profesional del derecho cuestionó que esos señores (diputados) que gobiernan desde el Congreso Nacional «son descarados» porque han pervertido el procedimiento legislativo», e indicó que de conformidad con la ley es obligatorio el dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CJS) para reformar cualquier Código en este caso el Procesal Penal.
Sin embargo, la togada dijo que en el dictamen que dio lugar a las reformas del Código Procesal Penal dicen que no fueron presentado a la Corte Suprema para su dictamen, pero que realizaron un análisis sobre las propuestas que emitió la CSJ.
«Eso es totalmente aberrante porque cualquier reforma al igual cuando se emite una ley es obligada la opinión de la Corte Suprema de Justicia» recalcó la abogada.
En ese sentido, la entrevistada soslayó que con las reformas se está viendo una clase polÃtica totalmente corrupta y lo que está haciendo es para establecer es una impunidad permanente en el paÃs.
Espinoza, ante eso le dijo a los hondureños que todas las reformas y leyes de reciente emisión carecen de legitimación, por el hecho de que van en contra de la voluntad del pueblo y de los mas sagrados intereses de la Nación. «Eso lo vamos a revertir en el próximo Congreso Nacional», advirtió Maribel en Radio América.
Recalcó que los diputados del Congreso Nacional «están mostrando una conducta criminal y manchando los intereses de la nación».
Sobre las reformas de los mencionados delitos, la abogada las calificó como «muy graves», porque lo que están tratando es que los bancos no ofrezcan la información que el Ministerio Público necesita para hacer las investigaciones del caso.
Empero a eso, la profesional de las leyes consideró importante que «el pueblo tenga claro que los lavadores de activos en el paÃs con parte del gobierno, y por eso tenemos que expulsarlos en las elecciones del 28 de noviembre en las urnas si queremos una nación que rescate la dignidad».
El Parlamento hondureño reformó en la vÃspera el artÃculo 47 de la Ley Especial Contra el Lavado de activos para que el secreto bancario sea «suspendido únicamente en las investigaciones por los delitos de tipificación en los tÃtulos 25 y 32 del Código Penal y supuestos de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilÃcito, mediante siempre orden emitida por el órgano jurisdiccional competente».
La UFERCO Y ASJ
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, indicó que Honduras es un «Estado de barbarie» y afirmó que con las reformas aprobadas «se impone secreto bancario para investigar los delitos de corrupción».
«Cada dÃa estoy convencido de que en Honduras vivimos en un Estado de barbarie… con las reformas aprobadas se impone secreto bancario para investigar los delitos de corrupción, quieren que los fiscales nos limitemos a investigar abusos de autoridad», indicó Santos en un mensaje en Twitter.
Las reformas también fueron cuestionadas por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que indicó en un pronunciamiento que la iniciativa es la «estocada final a la lucha contra la corrupción» en Honduras.
El Parlamento hondureño reformó de «manera opaca y en el sigilo» la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para incluir a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción, como «Personas Expuestas PolÃticamente (PEP)».
Esta decisión «autoritaria», añade la ASJ, capÃtulo local de Transparencia Internacional, «detenta contra los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana».
Información: Estela Rovelo
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