Radio América. Joel Zelaya, apoderado legal de los cinco ciudadanos de Reitoca, Francisco Morazan, detenidos este día por elementos policiales, afirmó que sus defendidos no fueron los que quemaron la posta, y que las autoridades lo saben.
«Nos agarraron por sorpresa. Los hermanos lencas ahora están sumergidos por órdenes de capturas injustas», expresó el abogado defensor, quien además, dijo que las declaraciones del director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Samir Siryi, «vienen a crear mas incertidumbre».
El togado indicó que el señor Siryi dice: «que los ciudadanos capturados es por una denuncia que interpuso una empresa hidroeléctrica, que, ilegalmente se está instalando en Reitoca, por lo que están usando la quema de la posta policial para imputar a los pobladores, y ellos salir con guante blanco».
En ese sentido, Zelaya, advirtió que el municipio de Reitoca no permitirá la imputación de las cinco personas por la quema de la posta.
El abogado también explicó que existen diferentes investigaciones sobre el caso, una, que señala quiénes fueron los que cometieron el delito, «pero ahora traen a la cárcel a personas que nada tienen que ver con tal situación», lamentó.
«Esperamos que la justicia hondureña por primera vez se reivindique con nosotros los lencas despreciados por los gobiernos, dándole a los detenidos libertad definitiva, ya que el pueblo sabe que ellos nunca han cometido un delito de ese tipo», afirmó el togado.
«Hechos aislados»
En entrevista a Radio América, el profesional del derecho señaló que son dos hecho aislados, que según información, «los representados de Sirgi también han emprendido ese proceso para bloquear a los líderes que han luchado en la defensa del río, y por ende, con la quema de la posta policial han encontrado el motivo para inculpar a los ciudadanos, trayéndolos a la cárcel, y de ese modo ellos continuar con sus proyectos caprichosos».
«Ellos saben que la misma empresa en aquel momento los hizo cometer el error de no consultarle al pueblo. Nosotros estamos abiertos a cualquier plática siempre y cuando no haya ventajas para ningún lado», manifestó el entrevistado.
«Samir lo ha manifestado que es por el hecho de la empresa que se está construyendo; y por eso decimos que ellos están buscando la quema de la posta como pretexto para capturar a los líderes que han emprendido su lucha por defender el agua o la vida de las personas y demás seres vivos», arguyó Zelaya.
«Lo saben las autoridades edilicias, la Policía, la Fiscalía, todo el pueblo y las iglesias de que las personas capturadas no tienen nada que ver en la quema de la posta. Son líderes indígenas que luchan de manera pacífica para conservar los recursos naturales de Reitoca», reafirmó el abogado defensor.
La paz en Reitoca
En ese contexto el profesional del derecho expresó, «nosotros queremos la paz para Reitoca, un pueblo que en la última década se volvió conflictivo con asesinatos y confrontativo administrativamente».
Ante eso, Joel Zelaya, le pidió a las autoridades policiales que rectifiquen el error cometido con la captura en horas de la mañana de los cinco reitoqueños.
Pese a esas situaciones, el togado expresó que tiene la fe en Dios que saldrán adelante y al pueblo de Reitoca, le dijo, «vamos a luchar con justicia y de manera pacífica, guarden la calma y no están solos, y que las controversias no les conducirán a nada bueno».
Informó que persiste la toma en la Alcaldía porque el pueblo está claro de que las personas detenidas no fueron las que incendiaron la unidad policial.
Detenidos con covid-19
Con la audiencia de declaración de imputado en proceso, el entrevistado denunció que dos de los detenidos acababan de salir del Seguro Social con neumonía por la covid-19, por tanto, los ciudadanos están en reposo con un daño fuerte pulmonar, sin embargo, cuestionó que sus defendidos están sin que el Estado les garantice su vida.
El profesional de las leyes también informó que al parecer dos personas mas están contaminadas con coronavirus ,y por ende el juez ha ordenado que no suban al lugar donde podrían ser asesorados por sus abogados.
Ante la riesgosa condición de salud, el entrevistado es del criterio de que el Estado debe garantizar el bienestar de las cinco personas capturadas.
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