Radio América. En libertad se defenderán exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) vinculados al caso de la exfiscal Francia Sofía Medina, por la sustracción de más de 88 millones de lempiras.
Para el próximo jueves 18 de junio se señaló la audiencia inicial en la causa instruida por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en contra de ocho personas, entre exfuncionarios y actuales ejecutivos del Banco Central de Honduras (BCH), vinculados a la sustracción de más de 88 millones de lempiras.
A estas personas se les dictó medidas distintas a la detención judicial tras su acusación por el delito de malversación imprudente y quienes fueron capturadas ayer por agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Como resultado de las diligencias realizadas por la ATIC se estableció la presunta participación de varios funcionarios y exfuncionarios en hechos relacionados con la entrega irregular de evidencias monetarias que se encontraban bajo custodia en las bóvedas del BCH, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y agosto de 2023.
Las diligencias investigativas determinaron que la exfiscal del Ministerio Público Francia Sofía Medina Martínez, condenada por varios delitos, realizó múltiples retiros de evidencias monetarias vinculadas a diversos procesos penales. De acuerdo con el expediente, dichas entregas habrían sido efectuadas sin el cumplimiento integro de los procedimientos y controles establecidos para el retiro de bienes bajo custodia institucional.
Asimismo, se identificaron presuntas actuaciones negligentes por parte de personas encargadas de verificar, autorizar y ejecutar la entrega de las evidencias, quienes habrían omitido la observancia de lineamientos y protocolos previamente establecidos para la protección y resguardo de bienes relacionados con procesos judiciales.
Con este caso el Ministerio Público demuestra su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia para todas las personas involucradas.
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