Radio América. Todo el aparato administrativo del Estado está poniendo obstáculos para que no haya una inspección en cada uno de los contendedores donde se encuentran los dos hospitales móviles, asegura el abogado Ramón Barrios.
En ese sentido, manifestó que es evidente que se está ocultado algo en las compras de los hospitales móviles. “Es la primera vez que todo el aparato del Estado está actuando en concordancia para que el Ministerio Público (MP), no haga su trabajo”.
También dijo que es evidente que lo que se compró por 48 millones de dólares, no es lo que viene en dichos contendedores.
“Las decisiones administrativas de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), y misma Aduanas Honduras, están haciendo obvio lo evidente, que hay una confabulación del Estado”.
El profesional del derecho considera que el MP está haciendo lo correcto, pero debe ser enérgico en sus acciones.
“El MP tiene un mandato constitucional, ninguna de todas las autoridades que están interviniendo en el desaduanaje de los hospitales móviles, tiene disposiciones constituciones, son leyes secundarias quienes les autorizan hacer esas disposiciones”, agregó.
Por lo tanto, indicó que la Fiscalía está por encima de las demás autoridades, por ende, no se puede negarle a los fiscales establecer la auditoría e inspección que están ejecutando.
