Radio América. A criterio del abogado Mario Castro, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), está empeñado en llegar hasta el final en los actos de corrupción, pero el Ministerio Público (MP), se ha «llamado al silencio», porque no ha presentado requerimientos fiscales contra los investigados, sobre todo, por la compra de hospitales móviles e insumos médicos para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Cabe mencionar que el CNA ayer lunes en su onceavo informe denominado “Corrupción en Tiempos de COVID-19”, reveló más irregularidades en la compra de 474,000 mascarillas N95 al Grupo GyT, que perteneciera a la diputada Waleska Zelaya y su esposo, Juan José Lagos.
Según indica el organismo anticorrupción, no se concretó la compra total de las mascarillas por parte de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), y Grupo GYT, lo que provocó “movimientos irregulares”.
Luego de haber sido cancelada esta compra, el CNA logró corroborar ciertas inconsistencias en la devolución de los más de 20 millones de lempiras que Invest-H había pagado de manera anticipada al Grupo GYT.
Ante eso y a casi siete meses de la llegada del COVID-19 al país, el profesional de las leyes enfatizó que el Ministerio Público ya debería tener identificado a los que actuaron en contra de la economía del país.
“El momento oportuno (Ministerio Público) lo tuvieron desde que se allanó la casa del exdirector de Inversión Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn; ahí había un delito infraganti (ocultamiento de bienes) cuando sacaron las cosas y las llevaron a donde la mamá”, aseguró el penalista.
“El Ministerio Público puede decir que todavía hacen falta pruebas, pero ellos saben que los requerimientos fiscales se presentan cuando ya existen indicios y en la audiencia inicial se muestran los elementos que constituyen los delitos para que el juez dicte un auto de formal procesamiento, luego en el juicio oral y público se demuestra si hay actos de corrupción o no”, explicó el togado.
Información: Estela Rovelo
