Radio América. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), este lunes condenó culpable a Honduras por la destitución «arbitraria e ilegal» de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2012 en la cual se estima que el Estado deberá pagar 50 millones de lempiras.
Empero al tema, el todavía presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, manifestó que la Procuraduría General de la República (PGR) debería responsabilizar a quiénes tomaron tales decisiones en perjuicio del país.
Acciones de la PGR
“La PGR debería tomar en cuenta una acción de repetición contra las personas involucradas en ese tipo de procesos para que procedan a indemnizar al Estado de Honduras de esa derogación millonaria; que tendrá que hacerse, porque son sentencias donde hemos firmado convenios internacionales y son obligatorios”, apuntó el profesional del derecho.
Canales, arguyó que, queda evidenciado la violación de derechos y garantías laborales que tenían los cuatro magistrados destituidos ilegalmente por cuestiones políticas en el gobierno del 2012, todo por tener independencia en sus funciones.
«El pecado de los magistrados»
“El pecado de los magistrados destituidos fue tener independencia dentro de la Sala de lo Constitucional, y el precio que tuvieron que pagar fue su destitución, sobre todo con falsos señalamientos en medios de comunicación; el cual deben de aclarar y renovar la imagen pública que fue deteriorada en su momento”, señaló el entrevistado.
El togado indicó que en tales acciones prima la violación de intereses por temas políticos, económicos y sectarios en perjuicio del Estado de Honduras.
A lo mismo, el abogado añadió que, la destitución de los cuatro magistrados fue realizada por un partido político «buscando el beneficio y control total de la Sala de lo Constitucional y tiempo después se aprobó la reelección presidencial y otros actos inconstitucionales».
Destituciones laborales del gobierno actual
Por otra parte, Rafael Canales, se refirió a los despidos laborales en el actual de Gobierno al tiempo que señaló que esas acciones deben marcar un precedente para que las autoridades no violenten los derechos y garantías laborales establecidos en la Constitución de la Republica.
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