Radio América. El abogado Abel Orellana, denunció este jueves que la Procuraduría General de la República (PGR) amparada en un decreto ejecutivo se está negando a conocer demandas interpuestas por policías penitenciarios y personal admirativo de los centros penales del país por despidos injustificados.
“En las demandas y como se trata de un bien del Estado protegido y representado en juico por la PGR, nosotros a quien señalamos para que nos contesten las demandas es la PGR que es la licenciada Lidia Estela Cardona –directora-“, expresó inicialmente el experto en leyes.
Manifestó que ayer compareció a los juzgados de lo contagioso admirativo y se llevó la sorpresa que “nuestras demandas están admitidas, pero que tenemos que subsanar el hecho que la PGR giró un oficio para que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que sean ellos a través de su comisión que fue nombrada mediante el PCM 102-2020 del 31 de diciembre dándoles ampliación al 31 de diciembre de 2021; entonces, el director del centro penal es el que tiene facultades para presentar demandas”.
En ese sentido, se preguntó que cuando estos servidores públicos ganen sus demandas, quién les pagará a ellos, respondiendo que quizá sea la junta interventora puesto que el Presidente de la República le da suficientes facultades a esta administración para que haga una restructuración y que además pueda cancelar a agentes penitenciarios.
Finalmente, expuso que el INP es un ente del Estado de Honduras y la PGR la representante legal del Estado. “Yo no tengo problema, a mi tienen que justiciarme sea la PGR o director del INP, las causas justificadoras que me indican que esos señores han sido despedidos de manea justa y legal”.
Con información de Nelson Murillo