Radio América. De acuerdo al abogado penalista Jaime Rodríguez, es ridículo pensar que existe un plan orquestado contra el alcalde capitalino y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura.
El Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó ayer martes el aseguramiento de bienes al edil del Distrito Central.
En ese sentido, el experto en derecho dijo que estas acciones son cotidianas y normales por parte de los entes contralores de justicia.
“El aseguramiento es una acción cotidiana y normal que se le presenta a las personas que son sometidas a requerimientos fiscales ya sean funcionarios y exfuncionarios que están pendientes que el Estado de Honduras en caso que se les llegue a declarar culpables, pueda resarcirse de la cantidad que ha sido adquirida de forma incorrecta”, expresó Rodríguez.
Amplió que el aseguramiento de bienes es una acción que va de forma simultánea a casi todas las personas, y básicamente a los funcionarios sometidos a un requerimiento fiscal el Ministerio Público (MP) de forma paralela o simultánea presenta estas acciones ante los juzgados de privación de dominio, aclarando a su vez que no es que se les quitan los bienes, que las personas pueden seguir haciendo uso de los mismos con la condición que no los pueden traspasar o hipotecar.
“Lo que pasa que en este caso es que como es en contra de Nasry Asfura, existe morbo en el ambiente y especulación”, expresó el experto en leyes.
Al alcalde capitalino se le supone responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
¿Persecución política contra del edil capitalino?
El abogado planteó que hay cuestiones que son ilógicas y ridículas, porque “todos sabemos de la afiliación del fiscal general del Estado –Óscar Fernando Chinchilla-. Distinto sería que esas acciones estuvieran dirigidas contra Yani Rosenthal y Xiomara Castro -precandidatos presidenciales-, ahí sí podríamos hablar de una persecución política, pero en este caso sabemos que el fiscal general tiene afiliación nacionalista”.
Con información de Estela Rovelo