Radio América. El abogado Joaquín Mejía expresó este lunes que fue una falta de tacto de las universidades privadas nominar a una abogada representante de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) para integrar la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En las últimas horas la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y la Universidad de San Pedro Sula (USAP) decidieron retirarse del proceso de elección de representantes ante la Junta Nominadora.
La UJCV reveló que se abstuvo de votar en una reunión donde se eligió a los profesionales Mariaelena Ulloa y Odir Fernández como titular y suplente respectivamente para integrar una planilla única que represente a las universidades privadas en el Claustro de Profesores de Derecho convocada para este lunes 29 de agosto por el rector Francisco Herrera en su condición de presidente del Consejo de Educación Superior.
La universidad expuso a través de un comunicado que en dicha reunión se abstuvo de votar por la candidata que finalmente fue electa como titular de esa planilla debido a que, en declaraciones públicas previas la profesional del derecho ha mantenido posturas que “lesionan” la soberanía del país y atentan contra la Constitución y las leyes, razón por la cual han decidido no acompañar su postulación en el Claustro de Profesores convocada para este día.
“Es lamentable que sean las máximas casas de estudios del país que estén provocando este tipo de asuntos que tienen un impacto de confianza cuidada en relación con la Junta Nominadora; sin embargo, hay que recordar que solo una de las instituciones integrantes de la Junta Nominadora es la que está teniendo este tipo de problemas”, manifestó.
Mejía dijo que el problema que ha surgido es que las universidades privadas han nominado a una candidata que ha estado representando a empresas vinculantes con las ZEDE.
Mencionó que esta no es una razón o causa de incompatibilidad que esté establecida en la Ley de la Junta Nominadora; no obstante, refirió que el artículo 2 de esta normativa plantea que la finalidad de la ley es generar la máxima legitimidad, transparencia y confianza en la elección de magistrados.
“Para lograr confianza ciudadana me parece que fue una falta de tacto de las universidades privadas nominar a una abogada representante de las ZEDE con todas las implicaciones que tienen en el país”, añadió.
Para concluir, afirmó que es falso que los partidos políticos controlan a ciertos representantes ante la Junta Nominadora de candidatos a magistrados del Poder Judicial.
Con información de Javier Rivera