Radio América. El apoderado legal del Grupo EMCO, Erick Spear, confirmó que por mutuo acuerdo se canceló con el gobierno de Honduras el contrato con Alutech para el sistema de rayos X para la aduana de Puerto Cortés.
“Efectivamente hoy por la mañana a solicitud del gobierno acabamos de firmar una terminación de mutuo acuerdo del contrato que fue objeto de una licitación pública para prestar el servicio de rayos X en la aduana de Puerto Cortés”, expresó a Radio América Spear.
Según explicó, el gobierno hondureño solicitó la cancelación de dicho contrato aduciendo que el mismo jamás entró en vigencia, «situación que nosotros no controvertimos porque es el mismo Estado el que faltó a un procedimiento al no publicarlo en La Gaceta por motivo de traspaso de gobierno tuvo que ir al Congreso Nacional que lo aprobó, pero el mismo Estado decidió no publicarlo en La Gaceta, por esa situación nos solicitó la terminación del contrato”.
Como grupo responsable manifestó que accedieron a la solicitud del gobierno para no entrar en disputa tomando en consideración que en dos ocasiones Alutech, una de las empresas del Grupo EMCO, ganó las licitaciones porque aseguró fueron la mejor oferta para el Estado tanto técnica como económica.
¿Deberá pagar el Estado una remuneración por la cancelación del contrato?
De acuerdo Spear, el gobierno se negó a pagar alrededor de 350 mil dólares por los gastos en que incurrieron como empresa para participar en la licitación.
“Nosotros como grupo quedamos mal con nuestros proveedores porque al firmar el contrato nosotros estuvimos que colocar órdenes de compra para cumplir con los tiempos del contrato. Ahora tenemos que ir a hablar con los proveedores en Estados Unidos para retirar esa orden de compra”, lamentó.
Reiteró que como grupo responsable no quieren controvertir con el Estado que se negó a pagar estos gastos, por lo que firmaron el acuerdo de terminación del contrato.
Por otra parte, aludió que el director ejecutivo de la Administración Aduanera, Fausto Cálix, declaró que este contrato es «manchado», pero defendió que tienen en su poder dictámenes e informes que brindó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) dando credibilidad al proceso.
Con información de Héctor Murillo
