Radio América. El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, este lunes se refirió a las reformas al Código Procesal Penal aprobadas en el Congreso Nacional, en las que se endurecen las penas contra los que cometen femicidios que van entre 25 a 40 años de cárcel y con la posibilidad de alcanzar los 60 años de prisión.
En torno al tema el profesional del derecho recordó que la ASJ desde ha enfatizado en que el Gobierno debe declarar como «emergencia» la situación de los femicidios, un fenómeno, por ejemplo, que en el 2023 «Honduras alcanzó la tasa más alta de la región, casi duplicando el promedio de muertes violentas de mujeres en América Latina.
Por tanto el abogado apuntó que los femicidio es un fenómeno que debe atenderse de manera urgente bajo una estrategia sostenible.
Acto seguido, sostuvo que «en el actual gobierno logramos con varias organizaciones de la sociedad civil posicionar este tema, para que se vea desde un trabajo coordinado y con una voluntad polÃtica amplia y efectiva».
El entrevistado detalló que la crisis de los femicidios quedó marcada en los registros estadÃsticos en la primera reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y dentro de la hoja de ruta se estableció la priorización de los delitos.
Entre los primeros pasos, el representante de la ASJ destacó que el Congreso Nacional hizo realidad la revisión de las reformas de este tipo penal y sus diferentes modalidades tal sentido esa problemática se tiene que verlo como parte de una estrategias aunque reconoció que hace falta todavÃa.
«Como los hemos reiterado que de nada sirve una estrategia, un plan o polÃtica sino va acompañada de un presupuesto, por lo tanto se vuelve mas un papel mojado que acciones reales y visibles como lo hemos analizado y visto en el pasado», manifestó Castañeda.
Ante las reformas el togado dijo que ahora se espera que las unidades investigativas, la FiscalÃa y los juzgados se vean como un fortalecimiento real y efectivo concentrados en ese tema para reducir con ello el alto Ãndice de impunidad que supera el 90% los femicidios en el paÃs, asà como bajar la alta incidencia de ese delito.
Aunque las cifras de muertes violentas de mujeres reflejan menos que el año pasado, sin embargo, el experto en el tema dijo que el impacto o el fenómeno sigue siendo altamente crÃtico y «por eso esperamos que este compromiso continúe, que las promesas se cumplan y que las reformas sea un primer paso hacia la construcción de una estrategia sostenible para reducir la impunidad y la incidencia del delito de femicidios en el paÃs».
Aparejado del endurecimiento de penas para disminuir los femicidios, el miembro de la ASJ consideró importante que para una efectiva impartición de la justicia, «debemos fortalecer el sistema como tal y contar con investigadores especializados o capacitados que cuenten con todas las herramientas necesarias con un enfoque prioritario para resolver los casos».
Además, el entrevistado mencionó que se tiene un Ministerio Público que lamentable sigue sin contar con el presupuesto necesario para el fortalecimiento integral de sus fiscalÃas especiales para el tema de los femicidios ya que en Honduras solo existe la Unidad dentro la FiscalÃa Especial de Delitos contra la Vida que cuenta con pocos fiscales y el acompañamiento de muy poca logÃstica.
A pesar también de tener investigados de la ATIC asignados para tales casos, Castañeda evidenció que en los últimos años se ha visto un debilitamiento institucional en donde se tiene menos fiscales e investigaciones y eso impulsa la dura impunidad de los femicidios en Honduras.
En consecuencia subrayó que el presupuesto es altamente necesario para programas de prevención debido que los femicidios tienen alta incidencia producto de la violencia doméstica y de género como lo reflejan los estudios en sus recomendaciones hechas al paÃs, pero por falta de voluntad polÃtica y compromiso no se han cumplido.
Información: Yolanda Maradiaga
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