Radio América. Dictan auto de formal procesamiento a tres exfuncionarios de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) y un empresario, acusados por presuntos actos irregulares cometidos en el marco de la pandemia de la covid-19.
La resolución es contra el exsecretario de Copeco, Gabriel Alfredo Rubí Paredes y el exsubcomisionado Gustavo Adolfo Cruz Gómez por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Además de la exdirectora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación, Arlette Magaly Montero Rodríguez y el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra, por el delito de fraude a título de cooperador necesario.
En este caso se encuentra prófugo de la justicia el exadministrador de Copeco, Cristian Elías Santeli, señalado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
La acción que fue interpuesta en el Circuito de los Juzgados Anticorrupción, establece que los exfuncionarios amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, gestionaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, que según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias.
Sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos que buscan eficiencia y transparencia que brinden mejores condiciones de costo y calidad.
La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 por ciento de anticipo sin cumplir con todos los requisitos antes del inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral que empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.
Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la misma.
