El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que presentará un plan para reactivar la economía a partir del 6 de junio próximo, esto luego de arremeter contra la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestamente quitarle facultades al órgano Ejecutivo.
El anuncio se da luego de una reunión con algunos empresarios del país, un día después de que el mandatario dijera en una cadena nacional de radio y televisión que «no es tiempo de abrir (la economía), por más que griten los empresarios» y cuando los diputados del Congreso se disponían a aprobar una ley que establece una ruta para retomar la actividad económica.
«Nosotros le ofrecemos al empresariado nacional, y se lo dijimos hoy a una parte muy importante, una apertura gradual», apuntó Bukele en conferencia de prensa.
El jefe de Estado condicionó este plan a la aprobación de una ley de cuarentena «estricta y completa» hasta el 5 de junio próximo por parte del Congreso.
El mandatario, quien desconoce la autoridad del presidente del principal gremio de la empresa privada, Javier Simán, se reunió antes de dar la conferencia con algunos de los empresarios más reconocidos del país.
Bukele, quien no dio mayores detalles de su plan para reabrir la actividad económica, aseguró que la ley de cuarentena que solicita es una mezcla de la legislación vigente de confinamiento obligatorio y de un decreto presidencial.
Los partidos opositores, con mayoría en el Congreso, anunciaron que no ampliarán la vigente ley de cuarentena por la medidas que aplicó el Gobierno en ella, como la prohibición del servicio de transporte público.
«Queremos un pacto nacional, que todos nos vamos a poner de acuerdo en que 15 días vamos a hacer una cuarentena de verdad» y «vamos a bajar la curva y entonces podemos empezar a abrir la economía», acotó.
El mandatario negó que esta plan sea una «concesión» de su Gobierno a las solicitudes de la empresa privada.
DURAS CRÍTICAS AL CONGRESO Y CORTE SUPREMA
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente el decreto de emergencia nacional dictado por el mandatario el sábado, y el cual emitió tras prescindir del Legislativo.
Los magistrados ordenaron este medida cautelar tras admitir una demanda de inconstitucionalidad para determinar supuestos «vicios de forma» y si el jefe de Estado ejerció una función del Congreso «sin justificación».
El presidente salvadoreño sostuvo que la decisión de la Sala representa un «precedente nefasto» y una «invasión de funciones» porque, a su juicio, tiene la facultad de decretar el estado de emergencia.
«No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo en los últimos 100 años», sostuvo Bukele y añadió que «carece del más mínimo sentido común».
Frente a las recientes decisiones del órgano Legislativo y el Judicial, el presidente Bukele los acusó de querer gobernar «a punta de decretos y a punta de sentencias quitándole al Gobierno y a la República todas las facultades y las herramientas que tiene para poder luchar contra la pandemia».
Dijo que esto es por un «deseo evidente de subir la cantidad de contagios, de subir la cantidad de muertos y que no podamos responder a la pandemia».
Pese a discrepar con la decisión de suspender la declaración del estado de emergencia, señaló que respetará el fallo judicial.
Bukele también anunció que vetará la ley de «Protección de la Salud Dentro de las Reanudación de Labores Ante el COVID-19», con la que los diputados buscan sustituir la ley de emergencia que venció el pasado sábado y abrir paulatinamente la economía.
Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.413 casos confirmados de COVID-19, 30 fallecidos y 1.052 pacientes con sospechas. EFE
