El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo este lunes que la ley migratoria SB 1718, que castiga con severidad a los inmigrantes indocumentados y a quienes los ayuden en Florida, es «cruel» y «dramática» para miles de personas radicadas en este estado sureño de EstadosUnidos.
La ley “a todos nos va a afectar de manera puntual y como le digo a un gran número de inmigrantes y a sus familias (…), puesto que será una ley cruel y además dramática que va a provocar casi un éxodo de miles de personas que van a salir a buscar oportunidades en otros estados”, indicó Reina en declaraciones al Canal 5 de Tegucigalpa.
Señaló que Honduras ha propuesto a Guatemala y El Salvador definir una «posición común» frente a la ley migratoria, promovida por el gobernador Ron DeSantis.
Reina aseguró que el éxodo masivo de inmigrantes «desborda a veces las mismas capacidades institucionales» y comentó que la SB 1718 es una legislación interna de Florida que «se debe cumplir».
«Lo más que podemos hacer es tratar de paliar apoyando a nuestros inmigrantes en lo que podamos, en su documentación, en lo que sea necesario y como le digo, a pesar de que nuestros documentos no sirven de mucho cuando no hay un permiso de trabajo y las personas serán multadas o serán sacadas del Estado o deportadas», explicó el canciller hondureño.
Reina afirmó que no volverá a visitar ni transitar por Miami en protesta por la ley SB 1718, la que considera «una legislación fuerte» y que Florida debe «sentir el impacto» del rechazo de los países.
La legislación «afecta y afectará de manera humanitaria a cientos de miles de personas en Estados Unidos», acotó Reina.
La ley fue promovida por el gobernador DeSantis, que es candidato a las primarias republicanas con vistas a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral.
La SB 1718 obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de cada uno, so pena de multas y pérdida de la licencia.
Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deben preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no, entre otras disposiciones. EFE