Radio América. A través de un pronunciamiento el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) con la la excusa del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, referente a conocer sobre los recursos interpuestos, pues espera el Poder Judicial tome el camino correcto y declare que el Código Penal de la Impunidad deba de dejar de tener vigencia en el país.
PRONUNCIAMIENTO
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ante la necesidad de declaratoria de inconstitucionalidad del Código Penal de la Impunidad y en aras de que se reviertan los excesos que la normativa ha cometido en el combate a la corrupción en Honduras, se pronuncia de la siguiente forma:
a) El CNA espera que, a poco más de un mes para que se cumpla un año de la presentación del recurso de inconstitucionalidad del Decreto n.º 130-2017 que dio vida al nuevo Código Penal de la Impunidad, el Poder Judicial tome el camino correcto y declare que la normativa mencionada debe dejar de tener vigencia en el país.
b) Consideramos que la danza de la impunidad, protagonizada por señalados de delitos contra la Administración pública y criminalidad organizada, es la prueba más fehaciente de que quienes vendieron ese instrumento jurídico, le mintieron a la sociedad y adornaron con palabras lo que al final sería el premio por actuar de manera deshonesta en el manejo de los fondos del erario.
c) Para el Consejo, la excusa del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, referente a conocer sobre los recursos interpuestos, debe ser la antesala a la declaración de inconstitucionalidad, pues la aprobación de esa ley estuvo plagada de vicios que desde mediados de 2020 señalamos.
d) Contener penas que son lesivas para la dignidad humana, violatorias a derechos fundamentales y otras que desprotegen a sectores de la sociedad hondureña, no puede ser ignorado por los togados que decidirán el destino de la legislación penal en una decisión que debe apegarse a lo aprendido en las cátedras de Derecho que los instruyó y no en presiones de carácter político, rozando lo
criminal.
e) Desde esta instancia de sociedad civil no esperamos otra decisión más que la consecuente declaración de inviabilidad del código y la posterior rectificación de lo legislado, pues un grupúsculo de mafiosos no puede ni tiene el derecho de imponerse sobre una sociedad que sufre, lucha por salir adelante y no merece la calidad de funcionarios que la rigen.
Información: Javier Rivera
